En conferencia de prensa, la diputada Fabiola Loya Hernández dio a conocer las iniciativas que presentó recientemente, para reformar la Constitución, la Ley de Responsabilidades y el Código Penal del Estado, con el propósito de garantizar a los ciudadanos su participación de principio a fin en los juicios políticos y darles mayor certeza; así como sancionar a los servidores públicos que vendan o soliciten dádivas por conseguir o gestionar plazas laborales.
Acompañada del coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, diputado Clemente Castañeda Hoeflich, agregó la legisladora que en la primera de las iniciativas se impone a la Comisión de Responsabilidades del Congreso recabar, incluso de oficio, pruebas para el esclarecimiento de los hechos denunciados, y se quita a los ciudadanos la carga económica que representa el pago de copias certificadas para soportar su denuncia de juicio político.
Se levanta la restricción que existe, para que además de pruebas documentales se tengan como medios de convicción todos los demás permitidos por la ley. Asimismo, se especifica que la legislación procesal que aplicará de manera supletoria, será el Código de Procedimientos Penales, en cuanto al tema de pruebas.
También se amplía el catálogo de servidores públicos sujetos de juicio político, y se incluye un procedimiento que garantiza que el gobernador del Estado no quedará impune por las consecuencias de juicio político que se lleve ante el Congreso de la Unión.
Igualmente se establece que el recurso de revisión que interponga el ciudadano ante el desechamiento de su demanda, será resuelto por la Comisión de Justicia, garantizando con ello que la revisión del acto que se impugna, no quede sujeto a la misma Comisión de Responsabilidades.
Que el plazo de prescripción de la sanción que se determine, inicie a partir de la resolución que se imponga, asegurando con ello la su implementación e impidiendo que por el transcurso del tiempo, el funcionario público sancionado eluda las consecuencias jurídicas.
Remarcó la diputada Loya Hernández que “esta serie de modificaciones buscan transformar la institución del juicio político, para convertirlo en una figura accesible, certera y eficiente en el esquema de rendición de cuentas; además dan una participación activa a las y los ciudadanos, y fortalece a las instancias involucradas en el proceso”.
Venta de plazas
En la reforma al Código Penal, se tiene el propósito de que existan coherencia y solidez que garanticen el castigo para los llamados “moches”, es decir, a quien ofrezca una plaza de trabajo en cualquiera de los podres del Estado, organismos autónomos, ayuntamientos, dependencias gubernamentales u organismos públicos descentralizados, a cambio de dinero o de cualquier otro bien, con independencia de que hayan sido entregados.
Debido a que en muchos de los casos existe engaño, sin que dicha plaza sea entregada o sin cumplir el trámite ofrecido, con impunidad por la falta de sanciones, se propone la adición de una fracción al artículo 252 del Código Penal, de la siguiente manera:
De seis meses a dos años de prisión y multa por el importe de dos a ocho días de salario mínimo, cuando el valor de lo defraudado no exceda del importe de 450 días de salario mínimo; cuando el valor de lo defraudado exceda dicha cantidad, la sanción será de dos a siete años de prisión y multa de cuatro a 40 días de salario.
De cuatro a diez años de prisión y multa por el importe de 20 a 80 días de salario mínimo, cuando el valor de lo defraudado exceda los dos mil 520 días de salario mínimo; y concluyó la diputada Loya Hernández, al afirmar:
“El rostro de la impunidad también se puede observar en ambos lados del espejo, cuando se cae en la inercia del dejar pasar y no actuar responsablemente, para proveer de elementos jurídicos para combatir la impunidad y existan sanciones conforme a Derecho”.
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