Será presentada por la Diputada Rocío Corona Nakamura e incluye la pérdida de la patria potestad de los padres que lo cometieron.
Reconocer que los menores de edad en situación de orfandad materna por motivo de un feminicidio, deben ser considerados legalmente como víctimas indirectas de ese delito, y por lo tanto es necesario que reciban atención y protección inmediata, es el propósito de la iniciativa para reformar diversos ordenamientos, que presentará la Diputada Rocío Corona Nakamura en la próxima sesión del Congreso del Estado.
En conferencia de prensa, explicó que en Jalisco, a partir de 2012 el feminicidio es considerado delito, y en abril de este año se aumentó la pena de 40 a 70 años de prisión, la más alta en el Código Penal. Sin embargo, “nos quedamos a la mitad del camino, pasamos por alto a los huérfanos del feminicidio, víctimas invisibles de un delito que ensombrece a la sociedad”.
Agregó que es lamentable que Guadalajara ocupe el sexto lugar de los municipios del país con mayor número de feminicidios, según el Coordinador Jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, por lo que deberán reformarse el Código Penal, la Ley de Atención a Víctimas, el Código Civil y la Ley de Desarrollo Social.
La Fiscalía General del Estado señala que hasta marzo de 2017 el número de mujeres asesinadas es de 175, y según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el promedio es de 2.5 hijos huérfanos por víctimas del feminicidio, esto representa 437 niñas y niños en desamparado, pero la Fiscalía sólo registra 122 hijos, de los cuales 64 son menores de edad en situación de orfandad y de éstos actualmente el Gobierno del Estado sólo atienda a 28 menores, ¿dónde están los demás?, cuestionó la legisladora Corona Nakamura.
Por lo tanto, puntualizó su propuesta de reformas para que la Fiscalía General lleve el registro en un padrón único; inmediatamente que el Ministerio Público tenga conocimiento de un feminicidio solicitará la inscripción de la víctima, sin dilación alguna, a fin de activar los protocolos de atención y protección.
De inmediato, el niño recibirá la atención psicológica y asistencial de emergencia, que los menores requieren del seguimiento hasta que cumplan los 18 años. En la Ley de Víctimas se propone que en el Fondo de Atención a Víctimas se contemple una partida especial para solventar la ayuda y la asistencia. Asimismo, que el apoyo económico sea de mil 500 pesos mensuales, además de una beca escolar de útiles, uniforme y transporte.
También plantea que el juez penal imponga como medida de seguridad y pena, la pérdida de la patria potestad de los padres causantes de dicho delito, y que se les impida el derecho de visitas y convivencia, “porque no es posible obligar a los niños a estar con su padre cuando fue precisamente él quien le arrancó la vida a su madre”.
La iniciativa establece que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 2018, se deberá prever el soporte financiero para la ejecución del programa de ayuda y asistencia a personas menores de edad en dicha situación. Concluyó la Diputada Corona Nakamura, al subrayar: “llegó la hora de pagar”.
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