Se conjuntaron las iniciativas de los diputados Clemente Castañeda, Hernán Cortés Berumen y Jaime Prieto Pérez, y se impondrán hasta 12 años de prisión.
El dictamen de la nueva Ley para Prevenir, Erradicar y Reparar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanas o Degradantes del Estado, al fusionarse las iniciativas de los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Hernán Cortés Berumen y Jaime Prieto Pérez, con la que se dará uno de los pasos más importantes en materia de justicia, y sobre todo al tipificar y reconocer esa práctica como delito; fue aprobada hoy, por unanimidad, al continuar la sesión ordinaria del Congreso, iniciada el pasado diez del actual.
Queda especificado en la legislación que comete el delito de tortura el particular que, por solicitud, instigación, inducción u orden de un servidor público, incurra en las conductas descritas; indistintamente del grado de autoría o participación del particular en su comisión.
También el servidor público que autorice, instigue, induzca, compela, tolere o se sirva de un particular o de un servidor público para la realización de alguna de las conductas mencionadas, al responsable de este delito se le impondrá prisión de tres a 12 años y multa de 200 a 500 días de salario mínimo; destitución de su cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos. La pena señalada aumentará en una tercera parte cuando concurran las agravantes previstas en la legislación.
Intervenciones
Al votarse el nuevo ordenamiento, abordaron la tribuna los autores de las iniciativas conjuntadas, y en su turno el diputado Castañeda Hoeflich dijo que se obtuvo el reconocimiento de la existencia de este delito en nuestro estado: hacer visible la tortura; poner en el centro del debate público la necesidad de combatir un fenómeno que atenta contra la dignidad y la integridad de las personas, que genera un sinnúmero de víctimas silenciosas y que denigra el Estado de Derecho.
Es decir, “nosotros partimos del principio de que la tortura sí existe en Jalisco y es un problema que debemos enfrentar con seriedad y responsabilidad; mientras que algunas otras voces dentro y fuera del Congreso insistieron en negar la existencia de la tortura y en hacer invisibles a las víctimas”.
Recordó que hace unas semanas fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el Informe del Relator Especial sobre Tortura en México, en donde se explica que el fenómeno de la tortura es “generalizado” en nuestro país, y establece como primera recomendación: “reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respeto a la tortura y enviar enérgicos mensajes públicos de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado”.
Por lo anterior, “debemos dejar de caer en el error de negar la existencia de este fenómeno, de culpar a los demás y de institucionalizar el autoengaño. Las cifras por quejas en materia de tortura y la relación de impunidad de este delito son datos conocidos, y fueron justamente el motivo que impulsó esta reforma. Es decir, una Ley que no ha castigado a nadie en 20 años por el delito que dice perseguir es letra muerta.
Con esta nueva Ley de tortura habrá un andamiaje institucional apto para perseguir este delito:
· Se establece una definición de tortura acorde a los tratados internacionales, para evitar la negación y ocultamiento de este fenómeno. Por ejemplo, se incluyen no sólo los dolores físicos, sino los mentales, que se realicen con cualquier fin, no sólo de investigación.
· Se incluye en los sujetos activos del delito no sólo a los servidores públicos, sino a los particulares que participen.
Se establece una pena de hasta 12 años de cárcel, destitución e inhabilitación, además de que el delito será imprescriptible.
· Se reduce el rango de excepciones para cometer tortura. Es decir, no se podrá justificar alegando “órdenes de un superior”, cuestiones de “inestabilidad política”, o “urgencia de las investigaciones”.
· Por primera vez, se establece un catálogo de prácticas preventivas, que incluyen sujetarse a protocolos, capacitaciones y programas en materia de derechos humanos, como el Protocolo de Estambul.
· Se crea la figura de vistitas a los centros de detención para que los organismos de derechos humanos puedan visitarlos y hacer recomendaciones, lo que inhibirá la práctica de la tortura.
· Se delinea un mecanismo para que la investigación de la tortura sea de oficio, ya que cualquier autoridad que tenga conocimiento de un acto deberá presentar denuncia de hechos ante el ministerio público, y éste deberá iniciar la investigación. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos deberá presentar una denuncia siempre que reciba una queja.
· Finalmente, se hace una vinculación con la Ley de Víctimas, no sólo para dar atención inmediata y reparación del daño a quienes sufran tortura, sino para que el Consejo Estatal de Atención a Víctimas vigile la aplicación de protocolos y las capacitaciones en la materia, y rinda un informe público anual en materia de tortura; pero más importante aún, para que se obligue a diseñar medidas de restitución, satisfacción y no repetición.
Hizo notar que ahora “el paso más importante que tienen que dar nuestras instituciones de procuración de justicia es el de reconocer la existencia de este delito, aceptar que hay fallas y prácticas nocivas que atentan contra los derechos humanos y que está en sus manos combatirlo y erradicarlo”.
Por su parte, el diputado Jaime Prieto Pérez manifestó que hoy se da un paso importante en el tema de los derechos humanos e hizo un reconocimiento a los demás legisladores que participaron, así como a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, ya que esa ley y las reformas que fueron necesarias, sitúa Jalisco a la vanguardia y se apega al Protocolo de Estambul y los tratados internacionales.
“Establecemos con firmeza que estamos dispuestos a que en Jalisco no se cometa este delito, y que en caso de cometerse debe ser sancionado y sobre todo considerarse un delito permanente, en donde la complicidad de algún servidor público debe ser también castigada. Con esto garantizamos a los jaliscienses una legislación que protege sus derechos, pero sobre todo correlacionada con la Ley de Atención a Víctimas se busca la reparación del daño resultante de este delito de tortura”, añadió.
Agregó que “los derechos de las víctimas son asesorados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que invariablemente deberá asumir la responsabilidad de denunciar el delito de tortura cuando conozca que fue cometido por algún particular o por un servidor público.
Luego dijo que “sin duda alguna que Jalisco, después de ser el último lugar en legislación penal y de derechos humanos, hoy somos una de las entidades que estamos a la vanguardia”, y citó algunas de las modificaciones y cambios que se han realizado últimamente. Vamos a hacer historia en este trabajo legislativo que hoy estamos realizando”.
Sobre el mismo tema, el diputado Hernán Cortés Berumen también se unió al beneplácito por este motivo, y reconoció el esfuerzo de quienes participaron en comisiones y a los entes externos que hicieron sus participaciones, para sacar una ley de vanguardia.
Explicó que el hecho de que sea de oficio la denuncia y persecución de este delito es un “tema importantísimo para los jaliscienses y para esta nueva ley. “Ahora se vuelve cómplice aquel que observa o se da cuenta que existe tortura y no lo señala o denuncia. También se establece la posibilidad de poder triplicar o el poder modificar la sanción hasta en dos terceras partes, como un agravante, cuando se esté considerando que la tortura se dio a un grupo vulnerable”.
Continuó: “es importante señalar que aquel funcionario que participe en tortura, no solamente tendrá una pena de privación de la libertad, sino que también quedará inhabilitado para que jamás pueda tener un cargo público, porque si ya en algún momento tuvo la tentación o lo hizo, de cometer tortura; actos de tortura en el ejercicio de su función, pues si lo hizo una vez la posibilidad de que pueda volver a suceder es muy amplia”.
Luego apuntó que la tortura no sólo puede ser agresión física, sino también psicológica y “creo que en esta cadena de responsabilidad Jalisco sale ganando, porque no sólo se reconoce la existencia de la tortura, sino se hace un ejercicio práctico, tangible con herramientas adecuadas para que se pueda prevenir, tratar, sancionar y erradicar este lamentable hecho que en Jalisco lamentablemente existe”.
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