La detención de objetivos prioritarios, el desmantelamiento de bandas delictivas y la actuación policial durante las manifestaciones del pasado 11 y 18 de octubre, fueron algunos de los temas abordados durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad del Estado Juan Pablo Hernández González, como parte del análisis del segundo informe de gobierno.
Durante su exposición, el funcionario informó que la dependencia cuenta con cerca de 6 mil 300 elementos distribuidos en las policías preventiva, penitenciaria, vial y de caminos, además de la coordinación con la Policía Metropolitana; también destacó la operación de las Fuerzas de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana, integradas por 150 policías, con quienes mantienen coordinación con la Guardia Nacional, Defensa, Marina y autoridades federales de seguridad.
En materia de resultados operativos, reportó la detención de 700 personas, de las cuales 122 eran consideradas generadoras de violencia y contaban con mandamientos judiciales por delitos como homicidio, robo, fraude y violencia sexual. Asimismo, señaló que mediante la Policía Metropolitana se realizaron 31 capturas de objetivos prioritarios y se desmantelaron 12 bandas delictivas, relacionadas con extorsiones, robo a casa habitación, robo de vehículos y de relojes de alta gama.
El secretario también informó sobre la captura de 20 objetivos prioritarios internacionales durante el año, buscados por agencias como el FBI, la DEA y los Marshals, por presuntos delitos de homicidio, fraude mediante criptomonedas, abuso sexual, pornografía infantil, tráfico de drogas y armas. Entre las herramientas utilizadas para estas acciones mencionó la inteligencia, la Policía Cibernética y la unidad de drones.
En materia de atención al personal policial, dio a conocer que se han brindado 2 mil 814 atenciones de salud mental y realizado 6 mil 984 acciones de promoción de la salud, además de otorgar ascensos mediante el servicio profesional y de carrera policial.
Durante el intercambio con los legisladores, se cuestionaron los resultados presentados y la capacidad de respuesta de las autoridades ante los hechos de violencia registrados en Jalisco, particularmente, solicitaron explicaciones sobre los operativos y protocolos aplicados durante las manifestaciones del 11 y 18 de octubre, así como los criterios para determinar la intervención policial y las razones por las que, en determinados momentos, no se actuó frente a personas señaladas por participar en hechos violentos.
También se plantearon cuestionamientos sobre la responsabilidad de los mandos de seguridad, la atención a las denuncias de personas que señalaron haber sido agredidas y la persistencia de problemáticas como las desapariciones y el hallazgo de fosas clandestinas; los diputados consideraron insuficientes las respuestas del funcionario y solicitaron mayor claridad sobre el conocimiento que tenía de los hechos, las decisiones tomadas y las responsabilidades dentro de la estructura de mando.
