Con el fin de regular con mayor atingencia los negocios dedicados al empeño de artículos y compra-venta de metales preciosos, chatarra y autopartes, el diputado Miguel Castro Reynoso presentará al Pleno del Congreso del Estado de Jalisco la iniciativa para crear la Ley que Regula los Permisos para Funcionamiento de las Actividades Comerciales de Control Especial. Sostiene que de aprobarse sería un instrumento que contribuiría a brindar mayor seguridad.
El legislador expuso hoy en rueda de prensa que “la falta de regulación y supervisión ha creado una perversa cadena de impunidad, que alimenta la actividad de criminales que dañan el patrimonio y los bienes de las personas”. Añadió que es imperioso ejercer una mayor reglamentación y vigilancia a los giros mencionados, para “acabar con la cadena de compra que hace que el robo de este tipo de artículos sea rentable para algunos, generando tanto daño a la sociedad”.
Señaló que lamentablemente los robos de accesorios de vehículos, joyería e instalaciones realizadas con base en metales, encuentran un mercado fértil en gran parte por la ausencia de regulación en distintos giros comerciales.
Detalló que son diez entidades las que ya cuentan con una ley similar, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señalara que el estado es corresponsable en la vigilancia de los establecimientos dedicados a la pignoración de artículos.
Enumeró como beneficios de esta propuesta:
- Garantizar que las casas de empeño y comercializadores de auto partes, metales preciosos y chatarra no realicen actividades con artículos procedentes de la comisión de un delito.
- Dar certidumbre a usuarios de casas de empeño, mediante la existencia de un registro ante la Procuraduría Federal del Consumidor.
- La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado será encargada de otorgar los permisos de funcionamiento, y en su caso también imponer sanciones.
- La Fiscalía General tendría atribuciones para vigilar los inventarios, a través de las compulsas efectuadas durante la integración de las carpetas de investigación tratándose de delitos patrimoniales.
- Imposición de multas o sanciones que incluyen la clausura definitiva o revocación de los permisos.
Castro Reynoso manifestó que el modelo tradicional de seguridad plantearía mayor vigilancia y patrullaje, sin embargo, insistió en que se debe avanzar hacia tender un cerco jurídico y administrativo a quienes se dedican a delinquir.
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