Antes de presentarse al Pleno, la comisión legislativa en la materia tomará en cuenta a las comunidades originarias.
Los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado aprobaron un acuerdo interno para enviar a la Comisión Estatal Indígena (CEI), una propuesta de cambios a la Constitución de Jalisco y reforma integral a la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para su análisis y consulta a las propias comunidades originarias.
Tal como lo establece la legislación, quienes integran esta comisión presidida por el diputado Clemente Castañeda Hoeflich y con la vocalía de los legisladores Verónica Delgadillo García y Hugo Gaeta Esparza, solicitarán la opinión de los principales beneficiarios de la propuesta, a través del Consejo Consultivo de la CEI.
“Hemos realizado una extensa socialización de la propuesta, buscando el consenso previo para en su momento oportuno presentarla ante comisiones legislativas y poner a nuestra entidad a la vanguardia de los planteamientos en derechos indígenas.
“De acuerdo con lo señalado en la Constitución y en la legislación local, los pueblos indígenas deben ser consultados previamente a la presentación de una iniciativa; la instancia es la Comisión Estatal Indígena a través de su consejo consultivo; por ello consideramos que no basta cumplir, sino involucrar a los actores principales”, explicó el diputado Castañeda Hoeflich.
Para la elaboración de este proyecto se ha tomado en cuenta una consulta previa realizada por la Comisión Estatal en 2012, así como la aportación de académicos, líderes de comunidades y el resultado de diversos foros de discusión.
Detalló que el proyecto pretende ampliar los derechos, estableciendo quiénes son los titulares de la garantía, así como darles herramientas para hacerlos efectivos con base en los tratados internacionales. También se busca habilitar instrumentos que permitan la interlocución con las dependencias públicas, respetando la preservación de la cultura.
Las modificaciones sustantivas se dan en tres ejes: el reconocimiento a los pueblos como sujetos de derecho público; derecho a la consulta, estableciendo procedimientos claros y específicos, y garantizar los derechos culturales, particularmente los lugares sagrados.
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