Con la presencia de organizaciones ciudadanas y colectivos ambientalistas, se llevó a cabo una rueda de prensa encabezada por la diputada Itzul Barrera Rodríguez, para presentar una iniciativa legislativa que busca sustituir el modelo vigente de verificación vehicular por un esquema más justo, accesible y sustentable.
La propuesta surge como respuesta al reclamo ciudadano sobre el carácter recaudatorio y restrictivo del programa actual, y está motivada por la exigencia de justicia para el activista ambiental Alejandro Gobel, asesinado tras liderar una iniciativa ciudadana contra este modelo.
Durante su intervención, la diputada Itzul Barrera destacó que esta propuesta representa una alternativa ciudadana, que responde al derecho constitucional de un medio ambiente sano sin imponer cargas económicas excesivas. “No se trata solo de una iniciativa legislativa, se trata de una lucha por la justicia ambiental y social, este modelo no puede seguir siendo un negocio a costa del pueblo”, expresó.
En su intervención, el diputado Miguel de la Rosa Figueroa, coordinador del grupo parlamentario de Morena, señaló que esta iniciativa se construyó desde la exigencia ciudadana y destacó la resistencia de los colectivos sociales que durante años han denunciado un modelo basado en negocios opacos, afirmó que es momento de que el Congreso atienda la voluntad popular con una propuesta técnica, legal y ética.
Por su parte, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de Hagamos, puntualizó que “el derecho humano a un ambiente sano no debe convertirse en un negocio privado” afirmó que el programa actual es ineficiente y costoso, y reiteró que existen alternativas técnicas viables que no criminalicen a quienes no pueden pagar.
La diputada Tonantzin Cárdenas, presidenta del grupo parlamentario de partido Futuro, reconoció el esfuerzo de los colectivos ciudadanos y reafirmó su compromiso con una agenda ambiental con justicia social. “Este modelo afecta a quienes menos tienen, castiga a quienes dependen de su vehículo para trabajar y no ofrece soluciones reales”, expresó.
Entre los elementos que sustentan la iniciativa, se destacan: La eliminación de cobros excesivos y discrecionalidad en el servicio; la generación de empleo en talleres locales previamente certificados; la obligación del Estado de mantener auditorías, bitácoras y mecanismos de control; incentivos para quienes realicen su afinación de forma anticipada y la posibilidad de revisar la legalidad y viabilidad del contrato actual con WEP.
Los colectivos ambientalistas respaldaron la propuesta legislativa y denunciaron las fallas estructurales del sistema de verificación, exigiendo un nuevo esquema integral que no priorice el lucro, recordaron que la iniciativa ciudadana impulsada por Alejandro Gobel, entregada con más de 6 mil firmas, fue ignorada en la legislatura anterior, por lo que su relanzamiento representa una reivindicación al respecto.
