La propuesta para exhortar a los 125 municipios de Jalisco a promover e integrar en sus territorios el Distintivo Pro Integridad que otorga la Contraloría del Estado a las empresas que cuentan con esa naturaleza, fue dada a conocer por el diputado Higinio del Toro Pérez, presidente de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción.
Lo anterior, al iniciar la primera mesa de trabajo denominada "La política de integridad de las empresas que participan en las compras gubernamentales", y explicó que tienen los siguientes objetivos:
"Dentro de la política estatal anticorrupción se encuentra como un brazo comunicante de integridad de las empresas en la participación en la participación de las compras gubernamentales, ya que este elemento bien aplicado trae como consecuencia el inhibir la corrupción como política pública, de ahí la necesidad de la mesa de trabajo.
"La política pro integridad de las empresas se define en nuestro artículo 2 fracción XXI de la Ley de Compras Gubernamentales, como el conjunto de elementos de autorregulación y controles internos contemplados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que permitan mitigar y reducir los riesgos de corrupción, así como garantizar una cultura de integridad al anterior de las empresas y organizaciones".
Agregó que en Jalisco la legislación establece que las empresas a participar en licitaciones para la adquisición de bienes o servicios por parte del Gobierno del Estado o los municipios, deben presentar una declaración de integridad en la que se comprometen a actuar con ética y transparencia en todas sus actividades.
Además, se exige que cumplan con requisitos éticos y legales, como no haber sido sancionadas por actos de corrupción o incurrido en prácticas desleales en el mercado, y añadió: que "es importante que la ley distingue a los proveedores del gobierno, dándole un sesgo de primera a los que cumplen con "esta política de integridad, para ponerlos por encima de los que no tienen esta distinción".
En la mesa de trabajo también participaron el diputado Hugo Contreras Zepeda; el secretario de la Junta Directiva de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, así como las diputadas Lourdes Celenia Contreras González, Susana de la Rosa Hernández, Estefanía Padilla Martínez y Ángela Gómez Ponce.
Igualmente, Nancy García Vázquez, Presidenta del Comité de Participación Social; Fany Lorena Jiménez Aguirre, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, Fiscal especializado en combate a la corrupción; María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado; Alejandro Ortiz Ramírez, Auditor Superior del Estado; Salvador Romero Espinoza, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado; Gilberto Tinajero Díaz, Secretario Técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco; David Gómez Álvarez, integrante del Comité de Participación Social; Pedro Vicente Viveros Reyes, integrante del Comité de Participación Social y Miguel Ángel Hernández Velázquez, integrante del Comité de Participación Social.
