En reunión de trabajo, los diputados integrantes de la Comisión de Responsabilidades que preside el legislador Juan Carlos Márquez Rosas, aprobaron la radicación de la solicitud de juicio político en contra del Secretario de Infraestructura y Obra Pública, Roberto Dávalos López.
El denunciante, Francisco Javier Flores Cortés, señala abuso de autoridad, desvío de recursos públicos y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, en la construcción del tramo carretero denominado Avenida Henry Nestlé; alega que no se llevaron a cabo los procedimientos que establece la ley para ejecutar la obra.
También se dio cuenta de la radicación contra el presidente municipal de Tala, Antonio López Orozco, por el incumplimiento de un laudo correspondiente al 2012, que emite el Tribunal de Arbitraje y Escalafón; donde lo requiere a pagar la cantidad de 761 mil 252 pesos al denunciante Angelberto Aranda Evangelista.
Además, aprobaron desechar dos solicitudes de juicio político. El primero de ellos, interpuesto por los integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano, contra Enrique Aubry de Castro Palomino, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura; y de los entonces secretarios, ex diputados Patricia Retamoza Vega y Gustavo Macías Zambrano.
Asimismo, del ex presidente de la Comisión de Administración, Raúl Vargas López; y de los miembros de este cuerpo parlamentario: ex diputados Omar Hernández Hernández e Isaías Cortés Berumen, por autorizar al entonces secretario general suscribir un convenio con la empresa “López Castro y Asociados”, en virtud de que después de analizar la petición no se advierte que los denunciados hayan incurrido en agravio a la institución o al interés público, y queda sin efecto tal solicitud.
El otro asunto se refiere a la denuncia interpuesta por Alejandro Reyes Brambila contra Patricia Anne Farias Barlow, en su carácter de directora general del Fideicomiso para la Protección del Estero del Salado y Desarrollo de las Áreas Colindantes; quien la acusó de presuntas irregularidades en el manejo del fideicomiso, como: cambio de tarifas y el otorgamiento de concesiones especiales. Se propuso el desechamiento debido a que no se acreditaron las pruebas manifestadas en su denuncia.
Por otra parte, el diputado Márquez Rosas informó que se recibieron 24 mil declaraciones de situación patrimonial de servidores públicos; de las cuales, cinco mil 804 contienen errores en los datos proporcionados. El siguiente paso, explicó, es citar a los interesados ante este cuerpo parlamentario para que acudan a corregir las irregularidades e inconsistencias en los documentos que presentaron.
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