Necesario establecer un programa que contenga indicadores y elabore diagnóstico sobre el tema.
En conferencia de prensa, la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez dio a conocer la iniciativa que propone reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas. Esta adecuación actualizará la legislación en la materia al subsanar los vacíos relativos a los factores de vulnerabilidad de las personas.
Señala que esta ley carece de conceptos que sí contempla la legislación federal en la materia, como son: perspectiva de género, prohibición de la esclavitud y de la discriminación, interés superior del menor de edad, garantía de la no revictimización, entre otros; por lo que se plantea la incorporación de los mismos para armonizarla con la ley federal.
Dijo que según el “Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México” elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), este problema lo ha colocado como el segundo país que más víctimas provee a Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia.
Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional como el estado que pone a las mujeres en una mayor condición de vulnerabilidad; por lo que señaló, se debe poner especial atención para prevenirla.
Rodríguez Ramírez propone que una comisión interinstitucional establezca un término para la elaboración, aprobación y publicación del Programa Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas, que contenga los indicadores de resultado de las acciones establecidas en él. Al igual que se proporcione capacitación a funcionarios públicos para que desde el área de su competencia, prevengan situaciones que vulneren su derechos.
Así mismo, señaló la importancia de establecer un protocolo de atención a víctimas de este delito, ya que independientemente de un delito federal, el primer contacto con la o las víctimas lo tienen las autoridades estatal y municipal.
Esta iniciativa también plantea armonizar esta ley con la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, para que se modifique el marco jurídico de las dependencias de la administración pública, estableciendo nuevas denominaciones y atribuciones de las mismas.
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