En conferencia de prensa, la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, dio a conocer la iniciativa que propone la adopción del Código de Ética del Poder Legislativo. Para ello, se pretende realizar reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la expedición de un Código de Ética Parlamentaria y la instalación de una Comisión de Ética Parlamentaria.
La diputada explicó que en legislaturas anteriores se evidenció, en diversas ocasiones, la falta de ética, de responsabilidad y el manejo discrecional del presupuesto; circunstancias que han trascendido el ámbito público y han llegado a desacreditar el desempeño y la labor del Poder Legislativo.
Resaltó que si bien es cierto que esta legislatura ha trabajado para transparentar las finanzas, adoptando un régimen de austeridad administrativa y ejerciendo el menor presupuesto de las tres últimas administraciones; y aún cuando existen mecanismos para combatir la discrecionalidad del Congreso del Estado, como la Ley Orgánica del Poder Legislativo y sus reglamentos, la Comisión de Administración, los procedimientos de responsabilidad y el juicio político; ninguno de estos, atiende la promoción de la conciencia e interiorización de los valores del servicio público.
Este Código tutelará los principios rectores del trabajo en el Congreso, como son: la transparencia, rendición de cuentas, igualdad, justicia y el enfoque antidiscriminatorio. Se pretende que los diputados observen y preserven principios para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones y servicio público, como son: el profesionalismo, liderazgo, la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, responsabilidad e integridad.
“Quienes trabajamos para el Poder legislativo debemos ser los primeros en regular nuestra conducta y ajustarla a un Código de Ética que permita rendir cuentas de manera permanente a los gobernados. Jalisco merece legisladores y legislaturas que asuman su trabajo con responsabilidad y absoluta seriedad”, expresó la diputada.
Esta iniciativa, establece medidas de sanción para quien viole el Código, podrían ir desde un apercibimiento hasta una sanción administrativa; así como, medidas de reparación, satisfacción y no repetición. Mientras que la observación del cumplimiento del mismo, estaría a cargo de una Comisión de Ética Parlamentaria que se instalaría de manera permanente y ordinaria, integrada por diputados representantes de las fracciones parlamentarias.
Además, el Congreso del Estado contaría con un registro de gestores o cabilderos; y con un apartado sobre la honestidad intelectual; es decir, se estaría obligado a otorgar debidamente el crédito de la fuente consultada, según el rigor académico.
De aprobarse esta propuesta, Jalisco sería el primer estado en el país en adoptar este modelo de buenas prácticas legislativas, que ya opera en países como: Australia, Canadá, estados Unidos de Norteamérica, Perú y Reino Unido.
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