Es propuesta por la Comisión de Cultura con la participación de instancias gubernamentales y de especialistas, para que sea vanguardista a nivel nacional.
Jalisco se colocará a la vanguardia nacional con la nueva legislación para proteger y conservar el patrimonio cultural del Estado y sus municipios, adecuándolo en su concepto a los lineamientos internacionales, de aprobarse la iniciativa que presentaron esta mañana los legisladores integrantes de la Comisión de Cultura, y en la que participaron autoridades, especialistas y representantes de la sociedad, en un trabajo que se llevó más de nueve meses.
El diputado Julio Nelson García Sánchez, presidente de esta Comisión, dio a conocer que el patrimonio estará constituido por elementos y manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad humana y del entorno natural, que los habitantes de la entidad, por su significado y valor, le atribuyen importancia intelectual, científica, tecnológica, histórica, natural, literaria, artística, arqueológica, paleontológica, etnológica, arquitectónica, industrial y urbana.
También dijo que se elimina la ambigüedad de la actual legislación en lo que se refiere a la previa declaratoria prevista en el concepto de patrimonio cultural, “que riñe abiertamente con el principio de protección por ministerio de ley, por lo que ahora los bienes que por sus características se identifiquen como patrimonio cultural en los términos de la ley, gozarán de su protección sin mayores limitaciones”.
Se destaca la clasificación que se hace del patrimonio cultural, en material e inmaterial, siendo este último un concepto novedoso en la legislación, que se adopta de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, por lo que ahora de protegerán también:
Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; las artes del espectáculo; los usos sociales, rituales y actos festivos; los conocimientos y usos relacionados con la Naturaleza y el Universo, así como las técnicas ancestrales tradicionales.
El diputado García Sánchez hizo notar que la figura del Inventario Estatal de Patrimonio Cultural estará a cargo de la Secretaría de Cultura, e incluye la coordinación de ésta con los ayuntamientos para que los inscriban en la dirección de catastro, a fin de que estén plenamente identificados y en su caso sujetos a estímulos fiscales.
Con el fin de reforzar las atribuciones de las autoridades en materia de protección del patrimonio, se establece un “candado” para otorgar permisos o licencias a ejecutar sobre estos bienes, ya que deberán someterse a un dictamen técnico de dicha Secretaría, en el que se evalúe el nivel de intervención y dicte las medidas de salvaguarda que garanticen su protección.
Además de otras medidas de orden y control, se prevé que ahora la Procuraduría de Desarrollo Urbano esté obligada a intervenir de oficio, solicitando la suspensión de las obras que se realicen en contravención a la ley, acudiendo al juicio de nulidad administrativa, para la preservación del patrimonio, y se propone un capítulo de sanciones que castigue a personas físicas, jurídicas o funcionarios públicos que violenten la legislación, y restituyan el daño que pudiera ocasionarse.
El diputado García Sánchez destacó que el diputado J. Trinidad Padilla López, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, hizo importantes aportaciones a la iniciativa. Se refirieron también a los objetivos de la iniciativa, los diputados vocales de la Comisión, Verónica Delgadillo García y Jaime Prieto Pérez, quienes también agradecieron las aportaciones que hicieron instituciones gubernamentales, especialistas y miembros de algunas asociaciones, a quienes se les entregaron constancias de reconocimiento a su labor.
Destacaron la importancia de que Jalisco sea vanguardista en la materia, el Director de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, Tomás Orendáin Verduzco; los regidores de Guadalajara Salvador Caro Cabrera y María Luisa Urrea Hernández, presidenta de la Comisión de Centro, Barrios Tradicionales y Monumentos; el Procurador de Desarrollo Urbano, Gabriel Ibarra Félix; y algunos especialistas que aportaron sus conocimientos para la iniciativa que se firmó en la misma reunión, para enviarse al Pleno del Congreso.
Asimismo, reiteraron la necesidad de que se subsanen las omisiones de la actual legislación; se promuevan recursos presupuestales para ese fin, ya que existen 16 mil edificios patrimoniales; se hagan realidad las medidas de control y sanción, al tiempo que también se actúe en contra la corrupción y abuso de constructores o desarrolladores urbanos, que hacen presión sobre las autoridades municipales.
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