Lo presentaron los diputados Guillermo Martínez Mora y Víctor Manuel Sánchez Orozco.
Los diputados Luis Guillermo Martínez Mora y Víctor Manuel Sánchez Orozco hicieron hoy un ejercicio crítico de lo aprobado en la Reforma Electoral de Jalisco y lo que faltó, con el fin de que siga trabajándose por mejorarla en beneficio de la democracia y la sociedad. A la vez, anunciaron que con este fin se invitará a actores del sector privado, estudiosos de las universidades, de organizaciones de la sociedad y comunicólogos a realizar un foro de análisis de este proceso.
En conferencia de prensa, Martínez Mora dijo que en las redes sociales se captó, desde el día en se aprobó la Reforma y hasta esta mañana, el repudio social a la reelección de diputados y munícipes, así como la inconformidad de que no se haya reducido el financiamiento a los partidos políticos, lo cual demuestra que es necesario seguir trabajando y hacer una evaluación de lo que se logró y lo que hace falta.
Luego de referir los temas aprobados, mencionaron los que consideran quedaron pendientes, como la reducción del financiamiento a los partidos políticos al 50 por ciento, con el fin de ahorrar un aproximado de 110 millones de pesos en años no electorales; 165 millones en los años de elección de gobernador, diputados y presidentes municipales, y 142 millones cuando sólo se elijan legisladores y munícipes.
Candidaturas comunes.
El esquema mediante el cual se puedan asociar dos o más partidos políticos, limita que si se quieren aliar en un proyecto determinado, lo tengan que hacer en un número determinado de proyectos. Existen ocasiones en las que determinados partidos encuentran convergencias, pero en otros no.
Ante la imposibilidad de asociarse en unos proyectos y en otros no, se dificultad llegar a consensos y escoger los proyectos más idóneos de apoyarse, ya que si se quiere respaldar alguno de ellos, se tiene que ir en coalición en un número determinado de proyectos, mas sin que necesariamente existan coincidencias en éstos.
Cláusula de gobernabilidad al ocho por ciento, quedó como estaba, al cinco por ciento.
El PRI quería aumentar del cinco al ocho por ciento el porcentaje en votos que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana otorga al partido que obtuvo más triunfos electorales; este porcentaje llamado “de gobernabilidad” le otorga al más votado el cinco por ciento más de votos, con la finalidad de que puedan acceder a más diputaciones por la vía plurinominal.
Sobre este punto, se subraya en el documento que presentaron ambos legisladores, que “el PRI no se conformaba con ese cinco por ciento que le otorga actualmente la ley, sino que quería que un determinado partido reciba más diputaciones, mediante fórmulas aritméticas y no por el voto libre de los ciudadanos”.
Negativa de registro a quienes incurrieran en actos anticipados de campaña.
“Con esta prohibición que estaba proponiendo el PRI , se pretendía negar el registro a un candidato o retirárselo si éste ya se encontraba registrado, cuando se determinara que incurrió en actos anticipados de campaña, así de manera tajante”. Se reflexiona que en ocasiones funcionarios públicos manifiestan su intención de participar en alguna elección, cometiendo por descuido o buena fe lo que puede considerarse acto anticipado de campaña, para lo cual la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 456, prevé una serie de sanciones de manera escalonada, que va desde la amonestación hasta el impedimento para registrarse o cancelarle el registro”.
El derecho de acceder a puestos de representación proporcional en los cabildos y en el Congreso, a quienes obtengan porcentajes del tres por ciento o más del total de votos.
Actualmente el porcentaje mínimo para poder acceder a estos puestos de representación proporcional, es del 3.5 por ciento del total de votos. “Mediante esta fórmula que pretendían el PRD y el Partido Verde Ecologista de México, es obtener la posibilidad de que candidatos propuestos por sus partidos políticos puedan ingresar a estos órganos colegiados, y ante esto nuestra postura sigue siendo la misma: ¡que no pretendan ganar en la ley lo que no son capaces de ganar en las urnas!”.
Se consideraba reducir las campañas a 60 días para gobernador y 30 días para diputados y presidentes municipales; las precampañas quedaban igual aritméticamente, es decir, hasta dos terceras partes del tiempo de campañas.
Al respecto, dijeron que los ciudadanos las consideran largas y tediosas, generalmente ya saben por quién votarán y difícilmente cambian de opinión, por lo cual creen que sólo es un desperdicio de dinero que genera más basura propagandística en las calle.
---oo0oo---
