INCREMENTAN SANCIONES POR DELITOS DE TRATA Y CORRUPCIÓN DE MENORES

23 Marzo 2023

Porque en Jalisco erradicar la trata de personas y proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes debe ser prioridad, es que la Comisión legislativa de Puntos Constitucionales y Electorales, que preside el diputado Jorge Antonio Chávez Ambriz, aprobó diversas reformas en artículos al Código Penal para el Estado de Jalisco, para mejorar la legislación y elevar sanciones en caso de la comisión de dicho delito.

Lo anterior, implica modificaciones a los artículos 12, 139, 142-B, 142-Ñ, 179 y 179 Bis; reforma a la denominación del capítulo IV del título décimo segundo; y se adiciona el artículo 179 Ter del Código Penal para el Estado de Jalisco, dentro de una iniciativa diseñada para garantizar la libertad y la dignidad de los menores.

En este sentido, se actualizan conceptos legales como sustracción y corrupción de menores, robo y tráfico de infantes, y sujeto activo del delito, y se actualizan las penas a quien cometa el delito de lenocinio, pasando de las actuales, que van de 5 a 9 años, a un castigo propuesto de diez a quince años de prisión y multa por el importe de quinientos a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Asimismo, se establece que, si en las investigaciones o en cualquier etapa del juicio se desprenden elementos para presumir la existencia del delito de trata de personas, se aplicarán las disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Se señala además que se impondrán de dos a seis años de prisión al que sustraiga a una persona menor de dieciocho años o mayor incapaz sin causa justificada o sin orden de autoridad competente, de la custodia o guarda de quien legítimamente la tenga, o bien que lo retenga u oculte sin voluntad de éste. Si la víctima de este delito es una persona menor de doce años de edad o cuando el delito lo efectúen los padres, abuelos o bisabuelos que no ejerzan la patria potestad, o terceros, por encargo de alguno de éstos, al sujeto activo del delito se le incrementará hasta dos terceras partes de la pena. Este delito se perseguirá de oficio.

En otro tema, y porque el derecho colectivo a la ciudad es un principio básico para asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos, la función social de las ciudades, su gestión democrática y la justicia territorial, con inclusión social y distribución equitativa de bienes públicos, es que se aprobó el dictamen de reforma al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para reconocer el “Derecho a la Ciudad”.

Dicha iniciativa, fue presentada el pasado 14 de noviembre de 2022, por la diputada Mirelle Alejandra Montes Agredano, y señala que toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio del Estado de Jalisco, tendrá el derecho a la ciudad, que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la misma, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.

Finalmente, se aprobó el acuerdo Legislativo mediante el cual se solicita al Congreso de la Unión reformar el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de ajustar los límites anuales por deducción por servicios de educativos y de enseñanza, proponiendo topes de 208 Unidades de medida de actualización (UMA) para nivel preescolar; 188 UMAS para primaria, 290 para secundaria, 249 para profesional técnico, y 356 para bachillerato o equivalente. Lo anterior, en los supuestos que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación; y que los mismos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los planes y programas de estudio que en los términos de la Ley General de Educación.

Participaron en la sesión de trabajo los y las diputados Verónica Gabriela Flores Pérez, Rocío Aguilar Tejada, Priscilla Franco Barba, María de Jesús Padilla Romo, y Edgar Enrique Velázquez González.