Integrantes de colectivos, organizaciones y comunidades de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago exigieron al Congreso de Jalisco realizar un Parlamento Abierto para analizar el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, transparentar sus costos y garantizar la participación ciudadana antes de comprometer recursos públicos.
En conferencia de prensa, Marco Llamas, integrante del Frente de Pueblos Unidos de la Ribera de Chapala, señaló que el proyecto contempla compromisos financieros de hasta 48 mil 296 millones de pesos durante 25 años, bajo el esquema de contratación CMRO, por lo que rechazaron este modelo y pidieron evaluar sus implicaciones económicas, sociales y ambientales.
Entre sus principales exigencias destacan realizar un Parlamento Abierto con la participación de comunidades, especialistas y ciudadanía; transparentar los compromisos financieros, publicar los estudios de costo-beneficio y revisar el esquema de contratación para garantizar que la gestión del agua permanezca bajo control público.
Los manifestantes solicitaron publicar los estudios de costo-beneficio, revisar alternativas como la rehabilitación de la red de distribución, la reducción de fugas, el saneamiento y la reutilización del agua; así como garantizar que la gestión hídrica permanezca bajo control público. Además, exigieron restaurar el lago de Chapala, los ríos, humedales y acuíferos; proteger los manantiales y las fuentes de abastecimiento.
Asimismo, demandaron atender a las colonias afectadas por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, priorizar el saneamiento, rehabilitar las redes de distribución y reducir las fugas; además, solicitaron cerrar las carpetas de investigación contra las personas que, aseguraron, fueron detenidas arbitrariamente durante la manifestación del 11 de octubre, así como sancionar a los responsables y garantizar la reparación integral de los daños.
Con consignas como “No más muertes por la contaminación”, “Juanacatlán libre de megaproyectos” y “Salvemos el lago más grande de México”, los manifestantes advirtieron que la crisis hídrica no debe justificar compromisos financieros de largo plazo sin transparencia ni consulta pública, y sostuvieron que el derecho humano al agua y la protección ambiental deben ser prioritarios.
El espacio para que los colectivos expusieran sus propuestas y realizaran la conferencia de prensa fue facilitado por la diputada Mariana Casillas Guerrero.
