En la mesa de trabajo sobre violencia obstétrica, coordinada por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, se escucharon las opiniones técnicas de los colegios de médicos, académicos, representantes del Poder Judicial y personas de la sociedad civil organizada, con la finalidad de enriquecer la iniciativa para sancionar las prácticas que vulneran los derechos de la mujer antes, durante y después del parto.
La diputada habló de la necesidad de legislar en materia civil y penal sobre el tema, para revertir las conductas que en algunos casos generan lesiones morales y físicas graves, además de comprometer la salud de la madre y del neonato. Asimismo, refirió que se considerarán las opiniones vertidas para la dictaminación de dicha la iniciativa.
Los ponentes coincidieron en que se deben mejorar las políticas públicas y la infraestructura en el área de la salud; de igual manera, se hizo referencia a la necesidad de promover un cambio cultural y educativo. En este último caso se sugirió implementar dentro de la currícula una materia sobre derechos humanos y perspectiva de género, centrada en una reconceptualización de la relación médico-paciente.
Se habló también de la necesidad de revisar la viabilidad de incorporar dentro de la legislación, penas para quienes tengan trato deshumanizado y discriminatorio hacia la mujer en el parto; a quien realice prácticas invasivas y suministros de medicación sin justificación; a quien haga cesárea cuando pueda darse el parto natural; y finalmente a quienes no atiendan la observancia de las normas oficiales.
Estuvieron presentes: la diputada Fabiola Loya Hernández; el doctor José Alejandro Almaguer González, director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud; doctora Celia Magaña García, maestra de la División de Estudios de Estado y Sociedad del CUCSH; doctor José Francisco Salazar González, de la Procuraduría Social; doctora Josselyne del Carmen Béjar, juez de lo penal; y la magistrada Martha Leticia Padilla Enríquez.
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