Los diputados de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano del Congreso del Estado de Jalisco, presentarán en la próxima sesión de Pleno una iniciativa de ley para inhibir la corrupción en la realización de obra pública e imponer sanciones para quien la cometa.
El coordinador de esta fracción parlamentaria, Diputado Ismael del Toro Castro, ofreció hoy rueda de prensa, en compañía de la mayoría de quienes integran la bancada, para informar de esta propuesta legislativa que reforma la Ley de Obra Pública con el objetivo de armonizarla con el dictamen de la Ley de Compras Gubernamentales, misma que ya se discute en primera lectura en el Pleno del Congreso.
El legislador explicó que luego de las versiones periodísticas que señalaban casos de corrupción al interior de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) al asignar obra pública a constructores y del relevo del titular en dicha dependencia, evidentemente hay desconfianza respecto a la legalidad de esos procesos.
Para combatir ese tipo de hechos ilícitos los diputados de Movimiento Ciudadano propondrán ante la asamblea cambios a la ley en la materia para:
- Eliminar las invitaciones restringidas a sólo tres proveedores.
- Modificar el sistema de contratación dando prelación a la licitación pública, asignación por insaculación y asignación directa en sus casos de excepción y topes de valor de contrato y actividad.
- Establecer la insaculación como mecanismo de asignación de obra pública para evitar favoritismos e incentivar a la industria de la construcción.
- Implementar el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Pública como plataforma única para la contratación y asignación de obra y proyectos.
- Evitar el contacto directo entre funcionarios y contratistas.
- Establecer un registro con clave única para contratistas, administrada por la SEPAF, no por la SIOP; trasparentar en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Pública.
- Incorporar las figuras de testigo social y denuncia anónima.
El registro será auditado permanentemente por las instituciones integrantes del sistema estatal anticorrupción y los órganos de control interno de los entes gubernamentales. Además de la propia ciudadanía, para acabar con las empresas fantasmas.
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