Diputados integrantes de las fracciones políticas representadas en el Congreso del Estado, cuestionaron hoy al titular de la Contraloría, Juan José Bañuelos Guardado, sobre los resultados de las auditorías a dependencias y organismos descentralizados de administraciones anteriores; avances de la Comisión de Contralores; discrecionalidad en el manejo de recursos y uso de la “caja chica” del gobierno; políticas de prevención; capacitación profesional del personal, en tanto que también reconocieron algunos avances registrados en la dependencia.
Lo anterior, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, en la que el funcionario acudió a las instalaciones del Palacio Legislativo, para responder a las dudas que plantearon los diputados que integran las comisiones de Vigilancia, Responsabilidades, y Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública, quienes plantearon los posicionamientos de cada fracción política.
El diputado Juan Manuel Alatorre Franco, por parte del grupo parlamentario del PRI, reconoció el resurgimiento de la dependencia después de años de letargo; la integración de la Comisión de Contralores; cuestionó acerca de los resultados de las auditorías a gestiones anteriores en las que hubo daños al erario por más de siete mil millones de pesos. De igual manera, la urgencia de actualizar el marco normativo estatal en las leyes de Obra Pública, Enajenaciones, Código Penal, Constitución Política, Orgánica del Poder Ejecutivo, para dotar a la dependencia de los argumentos legales y actuar de manera expedita en los actos de corrupción.
En su turno, el legislador Felipe de Jesús Rivera Gallegos en representación de la fracción parlamentaria del PAN, destacó la “cacería de brujas” que ha emprendido el Gobierno del Estado, relegando el desempeño de la administración actual, enfocándose en el actuar de gestiones anteriores; subrayó que el llamado “diezmo” para asignación de obra tiene un incremento de hasta el 30 por ciento y los constructores no denuncian por miedo a represalias; cuestionó los avances del comité ciudadano para verificar el buen desempeño de recursos para línea 3 del Tren Ligero; además criticó la falta de socialización de las actividades y resultados de la Contraloría.
Asimismo, el diputado Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, insistió en la necesidad de regularizar las acciones de administraciones pasadas, sin caer en la “cacería de brujas”; señaló que al día de hoy los resultados de la dependencia son infructuosos, coyunturales y selectivos; también lo interrogó sobre la ausencia de vigilancia y control en temas como las adquisiciones de gobierno; manejo de programas sociales; mal uso del fondo revolvente; práctica discrecional y selectiva de las instituciones. Enfatizó que la institución no puede convertirse en un instrumento de los intereses particulares de quienes ostentan el poder
La diputada Celia Fausto Lizaola, a nombre del grupo parlamentario del PRD, reiteró que ante cualquier irregularidad se debe actuar inmediatamente y no por encargo o cuestiones políticas; resaltó la necesidad de hacer un ejercicio pulcro de cada peso que administra el estado en tiempo real; criticó el despilfarro; la falta de celeridad en las investigaciones, además de la ausencia de sanciones; además de la percepción ciudadana de corrupción, como ejemplo citó el caso del saqueo al Seguro Popular, CAPECE e Iprovipe. Por último llamó a consolidar la cultura de la legalidad acciones preventivas y correctivas
El diputado J. Jesús Palos Vaca, de la fracción parlamentaria del PVEM, dijo que aunque hay avances en las denuncias e investigaciones contra servidores públicos, existen acciones pendientes por hacer para concluir los procedimientos instaurados. Mencionó que es fundamental mejorar la imagen de la Contraloría y fomentar entre los ciudadanos la cultura de la denuncia. Reconoció el trabajo de la dependencia en cuanto a la formación del personal, y reorganización interna. Añadió que hay acciones pendientes por hacer, por lo que estará a la espera mayores resultados.
Durante su intervención, el titular de la Contraloría señaló que desde el año pasado se priorizó concluir la auditoría de la administración anterior, no obstante que esa no es tarea de la dependencia a su cargo, sino de la Auditoria Superior. Agregó que la mayoría de los procedimientos están concluidos; asimismo, afirmó que en ningún proceso los ha motivado la revancha política; reconoció las deficiencias estructurales como el número y capacidad de los auditores, y la falta de un protocolo único para realizar las tareas que tiene la dependencia a su cargo.
Insistió en la urgencia de armonizar el marco normativo en las leyes de Responsabilidades para los Servidores Públicos, el Código Penal, la Orgánica del Poder Ejecutivo y el reglamento de la propia Contraloría, para dejar en claro las funciones de la Auditoría, así como otorgar a la dependencia a su cargo facultades suficientes para presentar denuncias; y agregó que buscarán la profesionalización del personal a su cargo.
Reconoció que es un órgano de control interno que produce información para el gobernador, pero también trabajan con una política de puertas abiertas a los ciudadanos; citó el caso de la transparencia en cuanto a la auditoría realizada a la Ciudad Judicial. Finalmente agregó que en este año se estará en condiciones para desarrollar la fiscalización en línea, con lo que la Contraloría asume su responsabilidad de comunicar en tiempo y forma. Asimismo, que entre los años 2013 y el anterior, se han hecho observaciones por cinco mil millones de pesos, a operaciones realizadas por las dependencias estatales, las cuales están en proceso aclaratorio.
Preguntas y respuestas
En este segmento de la comparecencia, participaron los diputados Nicolás Maestro Landeros, Gabriela Andalón Becerra, Clemente Castañeda Hoeflich, Enrique Velázquez González, Jesús Palos Vaca, Verónica Delgadillo García, Celia Fausto Lizaola, Héctor Pizano Ramos y Juan José Cuevas García.
Le reiteraron algunos cuestionamientos iniciales, sobre todo en cuanto a algunas auditorías específicas como los Juegos Panamericanos, la Ciudad Judicial, del CAPECE y compras a sobre precio; de las 360 quejas que se recibieron en la Contraloría sobre los procesos de licitación, ya que no se menciona en el Informe cuántas fueron y cuáles los resultados; y de las 16 mil 200 declaraciones patrimonoiales, como parte del combate a la corrupción, no se dice el número de sujetos obligados.
A cuántos servidores públicos se les fincó proceso administrativo por omitir su declaración o inhabilitados; si se sabe cuál es la lista; la evaluación de la participación de la Contraloría en 473 comités de adquisiciones, ya que recibieron 360 denuncias ante posibles irregularidades en los procesos, lo cual se suma a las planteadas sobre el manejo del padrón de proveedores del Estado; opacidad en las operaciones de compra y en la expedición de las pólizas de cheques.
Sobreprecio y vínculos con empresas “fantasma”, ya que abundan las quejas; y se le inquirió sobre los avances en la auditoría a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con ese motivo, y si habrá investigación en cuanto al gasto opaco de más de 600 millones de pesos a través del fondo revolvente, que es utilizado por distintas dependencias como “caja chica”. También se compartió con el funcionario, la preocupación de que el estado actual del marco normativo para que la Contraloría, tenga mayor alcance en el trabajo que realiza permanentemente, así como el esquema sobre el que funciona la Auditoría Superior y las complicaciones al respecto.
Se le hizo notar al funcionario estatal que es necesario que de acuerdo con los ordenamientos vigentes, el Poder Ejecutivo envíe las iniciativas que correspondan para que el Congreso del Estado haga la revisión de las normas, a fin de que la Contraloría efectivamente cuente con más elementos legales en el combate a la corrupción, las sanciones por irregularidades y otros temas que le competen, para lo cual se le dieron a conocer puntualmente los contenidos de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sobre las atribuciones que le competen a la misma dependencia.
Igualmente recibió cuestionamientos porque la Contraloría no ha reflejado en la medida de lo posible, la aplicación del Derecho Disciplinario de los servidores públicos; que a dos años no se aprecian los resultados deseados, pues poco se sabe de las sanciones impuestas a funcionarios de primer nivel y pareciera que los esfuerzos se han enfocado en administraciones pasadas. También es necesario saber qué pasó con las auditorías a los organismos centralizados y paraestatales, para saber cuáles fueron las irregularidades o responsabilidad penal; y qué sucedió con los mil 542 procedimientos contra ex servidores públicos y actuales.
En sus respuestas, Bañuelos Guardado explicó primero a grandes rasgos y después de manera más concreta la información que se le solicitó, al tiempo que admitió que algunos procedimientos de divulgación están mejorándose; que se tiene un estudio conjunto para que la Dirección Jurídica del Gobierno estatal resuelva lo relativo a las iniciativas que se enviarán al Poder Legislativo, y que se mejoren y actualicen las facultades de la Contraloría.
También precisó los procedimientos de auditoría a algunas instituciones; que sí hay una orden de aprehensión en perjuicio de directivos del Iprovipe; que les ha faltado información; respecto a la Ciudad Judicial, dijo que se ha complicado la revisión, ya que es un tema que tiene “más espinas que un huizapol”; aunque ya concluyó la auditoría. Luego dijo que los objetivos de la auditoría en general, los procedimientos, los responsables de su coordinación y el nombre de los auditores, por primera vez aparecen. Sin embargo, los resultados no son compatibles con la expectativa que se había generado, por algunas limitantes, ya que se habló de mil 600 millones de presupuesto, y sólo se revisaron documentos por 600 millones, ya que el terreno lo aportó el ayuntamiento de Zapopan.
Dijo que sí hay registro de inhabilitaciones de personal; que no existe el Derecho Disciplinario en Jalisco, que sí lo tiene el Estado de México, por lo que se ha dispuesto la posibilidad de adaptarse; sobre quejas y denuncias por licitaciones, apuntó que provienen de concursantes que no salieron favorecidos y a veces actúan con total deshonestidad, ya que buscan la corrupción, y hasta que concluyan las aclaraciones tendrá información. Del Fondo Revolvente señaló que aparece magnificado, pero que se trata de pequeñas cantidades que cada dependencia tiene para compras inmediatas y urgentes. También son diferentes porque tienen que ver con el número de servidores públicos. Además, en la página de Transparencia existe información al respecto.
Subrayó, antes de finalizar su intervención, que no se presentó a la Glosa para decir que todo lo de la administración estatal anterior estuvo mal, y lo que ha hecho la actual es todo bien, pues el proceso de auditoría es dinámico, va caminando; por lo que se refirió a las observaciones efectuadas por cerca de cinco mil millones de pesos, que tendrán que explicarse a la Contraloría, y “estoy seguro que ustedes van a tener acceso a la información en detalle”.
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