Diputados del Congreso de Jalisco anunciaron la eliminación de los gastos de representación asignados a la Presidencia de la Mesa Directiva y diversas medidas de austeridad y transparencia, como parte de las acciones que buscan optimizar la administración de recursos y proteger el patrimonio de este Poder Legislativo de Jalisco.
En rueda de prensa encabezada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ismael Del Toro Castro y del presidente de la Mesa Directiva, legislador Enrique Aubry De Castro Palomino, la LXI Legislatura informó estas determinaciones y del estado administrativo, financiero y físico en que se encontraron los bienes del Congreso.
El diputado Aubry De Castro Palomino señaló que renunció a utilizar los 30 mil pesos mensuales y el vehículo que se tienen destinados para uso y gestión del presidente del Congreso; determinación que se suma a las contenidas en el Pacto de Austeridad, Racionalidad y Transparencia.
Por su parte, el legislador Del Toro Castro hizo un recuento del estado que guarda el Congreso: las cuentas bancarias registran un total de 166 millones de pesos y un pronóstico de cierre de año por 154 millones; el Edificio Juárez está en pésimas condiciones, con daños estructurales, precarias instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, y un elevador sin funcionar.
Se estableció como el primer asunto prioritario la compra de equipo de cómputo, pues 244 de los 580 con que se cuentan son considerados obsoletos; 63 por ciento de las 190 impresoras son propensas a fallas y cinco de los 13 servidores deben reemplazarse cuanto antes; además de que el cableado data de hace más de 15 años y ya es calificado como “limitado”.
Respecto al pago de indemnizaciones a empleados con carácter eventual que laboraron en la anterior legislatura, señaló que 234 de ellos ya hicieron efectivo su cobro, por un monto global de 25 millones 979 mil 539 pesos; y agregó que 35 supernumerarios no han cobrado sus cheques bajo la intención de lograr su base laboral.
Respecto a aquellos que ingresaron a laborar en los últimos meses de la anterior administración y que recibieron tres meses de liquidación, están condicionados a devolver el monto por el que fueron liquidados si es que les interesa colaborar en la actual LXI Legislatura.
Un asunto diferente es el de 20 empleados que percibieron incremento de sueldo en los últimos meses, y con ello recibieron una indemnización mayor a la que les correspondía originalmente. Con base en la Ley de Servidores Públicos y del Código Penal, se deslindarán responsabilidades por el supuesto caso de abuso de autoridad, tomando en cuenta no sólo a quien recibió el beneficio, sino quien emitió dichas prestaciones.
Los coordinadores parlamentarios de todas las bancadas justificaron plenamente la estrategia implementada por sus antecesores, pues de no haberlo hecho, el Legislativo podría haberse visto en la posición de pagar hasta 130 millones de pesos en sueldos caídos y hasta 390 millones de pesos durante los próximos tres años, por sueldos de esos mismos trabajadores.
Respecto a las demandas por asuntos laborales, el diputado Ismael del Toro expuso que son 408 juicios laborales ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado; 219 de esas fueron interpuestas por el Congreso; en tanto que al día de hoy se prevé una resolución desfavorable al Legislativo en 64 de esos asuntos, lo que obligaría a pagar 32 millones de pesos.
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