Con el objetivo de contribuir a una mejor calidad de vida de los jaliscienses y forjar una cultura de paz en donde todos disfruten de una cartera básica de derechos humanos, la diputada Mónica Almedia López dio a conocer una iniciativa de ley para reformar el segundo párrafo del artículo 4º. de la Constitución Política del Estado.
En rueda de prensa, la legisladora presentó la propuesta que elaboró la Fracción Parlamentaria del PRD y que ya fue entregada a la Oficialía de Partes del Congreso, que surge de los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia fiscal, en donde se pronuncia que el Estado debe garantizar las condiciones para que todos puedan elaborar su proyecto de vida.
Señaló que de acuerdo a cifras del Consejo Nacional para la Evaluación para la Política de Desarrollo Social, 3.2 por ciento de los jaliscienses viven en pobreza extrema, es decir 253 mil personas; 17 por ciento de la población cuenta con rezago educativo; 19 por ciento más carece de servicios de salud; 49.6 por ciento de seguridad social y 16.5 de acceso a la alimentación.
De acuerdo a esta iniciativa, la planeación democrática y por consecuencia los presupuestos de egresos a futuro se deberán elaborar atendiendo una cartera básica de derechos humanos; establecer en un futuro próximo y de manera progresiva estándares mínimos de calidad de vida para toda la población, especialmente de los sectores más vulnerables.
“Se transitará hacia un auténtico estado de bienestar propio de nuestra democracia constitucional, en donde lo más importante será construir un gobierno en base y para la dignidad humana.
“Esta propuesta tiene una lógica luego de la desindexación del salario mínimo y del exhorto que hicimos a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para identificar cuál es el salario que podría garantizar los derechos humanos de todos”, expresó la legisladora.
La diputada Almedia López aseguró que la iniciatva es viable, siempre y cuando exista una reestructuración presupuestal cuyo enfoque sea la dignidad humana y los derechos humanos, atendiendo las zonas y sectores más vulnerables.
Se plantea la operación de un fideicomiso que estará enfocado a garantizar la canasta básica, con operación regional y reglas en donde colabore la iniciativa privada, sociedad civil e investigadores para garantizar el empoderamiento de los más necesitados.
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