La Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado desechó 12 solicitudes de juicio político debido a que una vez analizadas las probanzas ofrecidas por los denunciantes, se advierte que los actos que se les imputan a servidores públicos no cuentan con el sustento probatorio, o corresponde analizarlos en otras comisiones legislativas.
En cambio, se radicó la denuncia de juicio político presentada por Humberto Ortega Villaseñor y otras personas más, en contra de la Presidente Municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón García, para lo cual se ordenó registrarla en el libro respectivo con el número de expediente 06/2017.
Las solicitudes desechadas corresponden nueve a igual número de municipios en donde las autoridades respectivas no cumplieron con los laudos emitidos por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, y de acuerdo a los ordenamientos legales correspondientes, serán las comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal las que tomarán conocimiento de estos asuntos.
Igualmente los legisladores integrantes de la Comisión de Responsabilidades votaron el desecho de la solicitud de juicio político en contra de Alejandro de Anda Lozano, Pablo Esteban González y Enrique González Díaz, en su carácter de Presidente Municipal, Regidor y Director de Catastro, del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos.
En los mismos términos, otras dos en contra de los ciudadanos Jorge Arana Arana, Edgar Oswaldo Bañales Orozco (actualmente diputados) y otros, como ex Presidente Municipal, ex Secretario General y ex regidores del Ayuntamiento de Tonalá.
Al respecto, el Diputado Jorge Arana, vocal de la Comisión de Responsabilidades, planteó que es necesario analizar la posibilidad de que cuando se presenten solicitudes de juicio político que no cumplan con los requisitos jurídicos o bien no estén sustentados los actos u omisiones que se denuncian, ya no continúen el proceso, debido a que en la mayoría de los casos sólo se busca afectar la imagen de los denunciados o desacreditarlos.
Respondió la Diputada Presidente de dicha Comisión, María del Pilar Pérez Chavira, que se registra su propuesta, pero la Ley de Responsabilidades dispone que las solicitudes de juicio político deben recibirse si cumplen las formalidades ya establecidas, y es hasta cuando se entra al estudio de los hechos denunciados y se determina si proceden o se desechan.
Juicio de amparo
Por otra parte, el Director del Órgano Técnico de la Comisión, Lic. Armando Espinoza del Toro, informó que se recibió notificación del juicio de amparo que promueve el Magistrado Alberto Barba Gómez, en el Juzgado Séptimo en Materia Administrativa y de Trabajo, debido a que se incoaron dos solicitudes de juicio político en su contra, es decir, que se inició el proceso correspondiente, por lo que ya se respondió con un informe preliminar, a reserva de que posteriormente se amplíe, para lo cual corre un plazo de 15 días, pero aclaró que el estudio de este asunto sigue, es decir, no se suspende por ningún motivo hasta llegar al dictamen correspondiente.
El Diputado Ramón Demetrio Guerrero Martínez, vocal de la Comisión, hizo el cuestionamiento sobre la recepción de algún documento relativo a dicho tema, y luego de la respuesta solicitó copia simple para su conocimiento, en tanto que la Diputada Pérez Chavira aclaró también que debido a que el proceso continúa, se espera que el Magistrado Barba presente el escrito con su postura respecto a los actos u omisiones que se denunciaron.
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