En Foro se analizaron también los asuntos del acueducto de Sonora y el despojo de tierras al ejido Tila, en Chiapas.
Diputados, académicos y representantes de diversos sectores de la sociedad civil coincidieron en señalar que las autoridades deben respetar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declara nulo el convenio de colaboración en los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, para la construcción de la Presa El Zapotillo, y se firmó una carta-compromiso de los legisladores que participaron, para continuar en el esfuerzo por resolver este asunto.
En el mismo sentido se expresaron quienes hablaron a nombre de los habitantes de siete municipios de Sonora, por la afectación que les genera la construcción y operación del acueducto Independencia, así como los ejidatarios de Tila, en Chiapas, que fueron despojados de 130 hectáreas.
Durante la exposición de estos temas, todos señalaron la obligatoriedad de acatar la orden, incluso del Máximo Tribunal del país, y hubo voces que señalaron la afectación directa al Estado de Derecho, a pesar de que existen nuevos ordenamientos para la defensa de los derechos humanos, a nivel internacional.
La diputada Celia Fausto Lizaola, el investigador de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez, la presidenta del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmerejo, Abigail Agredano y la ex diputada Olga Gómez Flores, alzaron la voz durante el foro “El Derecho de los Pueblos, Frente a las Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, realizado hoy martes en el Palacio Legislativo del Congreso del Estado.
La diputada Norma Cordero Prado, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, fue la encargada de inaugurar este ejercicio de diálogo, mismo que calificó de positivo y democrático y de donde se obtendrían importantes conclusiones en beneficio de los jaliscienses.
Al tomar la palabra como primera oradora, la legisladora Celia Fausto Lizaola, hizo un exhorto a sus compañeros y al Gobierno del Estado para que se realicen las gestiones pertinentes ante el Gobierno de Guanajuato y al Comisión Nacional del Agua para retomar el proyecto original de la presa y que ésta se construya con una cortina de 80 metros de alto y no de 105 como se edifica actualmente.
“Exhortamos a los poderes Ejecutivo y Legislativo a iniciar las gestiones con su similar de Guanajuato y ante la Conagua, para que la presa se edifique con una cortina cuya elevación no pase de los 80 metros de altura y se respete el derecho a la vida, al ecosistema y a la libre empresa de los alteños”.
El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rodrigo Gutiérrez, manifestó enfáticamente que el incumplimiento a dicha resolución afecta la división de poderes y el estado de derecho. Expuso que se da una simulación jurídica que en este caso afecta directamente al Congreso del Estado, por haber sido la instancia que interpuso la controversia constitucional al respecto.
Abigail Agredano señaló que un pueblo como Temacapulín con tantos siglos de historia, no puede ser borrado del mapa con el pretexto del progreso y la modernidad. Recriminó que las anteriores administraciones del gobierno estatal poco atendieron su problemática y aunque la actual ha instalado mesas de diálogo, aseguró que éstos no sirven de nada y sólo les ha hecho perder tiempo en su lucha por evitar la inundación de su pueblo.
En tanto que la ex diputada, Olga Gómez Flores, hizo un recuento del procedimiento mediante el cual el Congreso del Estado interpuso una controversia constitucional y que echó por tierra el acuerdo entre ambos estados, toda vez se pactó sin incluir a los congresos locales.
El tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, habló sobre los incumplimientos de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y concluyó en que quienes realicen funciones jurisdiccionales deben aplicar tratados internacionales, y acatar los criterios que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los funcionarios públicos que no son parte de un órgano jurisdiccional, pero que integran el Estado Mexicano, están obligados a hacer lo mismo, a fin de entender la nueva dinámica del servicio público; y no cumplir, representa una probable responsabilidad internacional.
Se cuestionó: “¿Qué necesidad hay de llegar a las instancias internacionales, para que se tengan que cumplir las reparaciones del daño a los derechos humanos?, ¿qué necesidad hay de que México siga siendo exhibido ante la comunidad internacional? Hoy por hoy, la razón les asiste a los habitantes de Temacapulín y lo dijimos desde el 2009”.
Casos de Sonora y Chiapas
A nombre de la tribu yaqui habló Mario Luna Romero, quien refirió todo lo relativo a la construcción de una presa y el acueducto Independencia, para el aprovechamiento de las aguas del Río Yaqui, debido a que les afectó siete municipios sonorenses, pues se hace un trasvase de una cuenca a otra, para beneficiar cultivos, en tanto que a los demás los condena a desaparecer.
El abogado Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, dijo que se les dio la razón en la SCJN sobre la manifestación de impacto ambiental, y el asunto está pendiente de resolverse por parte de las autoridades.
Por lo que se refiere al Ejido de Tila, ubicado al Norte de Chiapas, Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dio lectura a un comunicado dirigido al Foro por los afectados del despojo de 130 hectáreas, “para privatizarlas y convertirlas en mercancías”, con fines de explotación de maderas preciosas y el cultivo de café, además de otros aprovechamientos, pertenecientes al pueblo indígena ch’ol.
Explicó que la discusión del asunto jurídico fue suspendida por la SCJN bajo el argumento de un caso extremadamente complejo, en el que se debe determinar cómo debe ser el cumplimiento de la sentencia y analizar jurídicamente el tema de la condición étnica de los integrantes del ejido, y solicitó al Rector de la UNAM propusiera expertos para realizar dos peritajes. Uno sobre las eventuales afectaciones o no que pudiera causar la restitución desde la óptica de desarrollo urbano, ingeniería y economía; y otro en antropología jurídica, para determinar las características socio-culturales de la población que habita dicho ejido.
Claudia Gómez Godoy, abogada del Colectivo de Abogados, hizo un análisis de los planteamientos que hicieron sobre los tres asuntos y lamentó que aun cuando ganaron las instancias judiciales los afectados, todavía no se concreten los asuntos, que pueden llevarse muchos años más para resolverse en definitiva y citó la frase: “Obedézcase, pero no se cumpla”.
Asimismo, se refirió a las amenazas y hostigamiento que sufren los inconformes, por el sólo hecho de la defensa de sus derechos, por lo que reflexionó en que tal situación es grave y debe ser motivo de preocupación en los tres poderes, por lo que este tipo de foros constituyen un aliento para que sigan en su lucha, con la participación de la sociedad.
Cierre del Foro
Finalmente, en cuanto a intervenciones, el diputado Clemente Castañeda Hoeflich, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso, afirmó que Temacapulín es un “vivo ejemplo de la simulación de nuestras instituciones. La problemática que padecen los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo son una muestra de 8 años de una autoridad ausente, de 8 años sin Derecho”.
Asimismo, que las sentencias incumplidas promovidas por pueblos de México, “es una muestra de la gravísima situación en la que nos encontramos. Es decir, estamos reunidos para dialogar sobre cómo la autoridad y los poderes fácticos han transgredido resoluciones del máximo tribunal constitucional del país, y cancelado así los derechos de las personas”.
Agregó que los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, sosteniendo la legítima defensa de sus derechos, “hoy tienen la razón jurídica y social, tienen los argumentos legales y morales para defender su causa, y sin embargo, no tienen certeza jurídica de que sus derechos e integridad están siendo respetados”.
A esta falta de certeza jurídica, dijo que debe agregarse que “el Gobierno del Estado ha mostrado una actitud errática al respecto. Pareciera que las promesas del gobernador no pesan lo suficiente; pareciera que su compromiso de no inundar a Temacapulín no hiciera eco entre su equipo de gobierno; que aún hoy sigue descargado sus responsabilidades y, con ello, el desenlace de estos pueblos, en la Conagua.
“Esta falta de claridad y contundencia de parte del Ejecutivo estatal, no genera certidumbre, ni garantías, ni tranquilidad a los habitantes de estos pueblos, y por ello prevalece la exigencia hacia el gobernador para que cumpla sus compromisos”.
Refiriéndose al Poder Legislativo, añadió: “tenemos al Congreso del Estado, que tampoco ha hecho lo suficiente. El día de hoy tenemos que ser autocríticos y reconocer que ha faltado contundencia y consistencia en este caso”.
También precisó: “tenemos una responsabilidad jurídica de darle seguimiento a la mencionada controversia constitucional; se trata de hacer respetar la determinación de este Poder Legislativo y su papel en el equilibrio de poderes; aquí no importan los colores partidistas, sino hacer valer los pilares del régimen y dispositivos constitucionales”.
Carta-compromiso
Antes de la clausura formal del evento, que estuvo a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, se firmó una carta-compromiso, para continuar en la búsqueda de la solución al asunto de la presa El Zapotillo, con los nombres de los legisladores Norma Angélica Cordero Prado, Celia Fausto Lizaola, Enrique Velázquez González, Clemente Castañeda Hoeflich, Salvador Zamora y Roberto Mendoza Cárdenas, quien no asistió por atender otras actividades. Se sumó la diputada Verónica Delgadillo García. El documento dice textualmente:
- “Impulsar el cumplimiento de la Sentencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la controversia constitucional 93/2012, el 7 de agosto de 2013, relativo a la demanda interpuesta por el Congreso del Estado en la Legislatura LIX, en la que se demandó al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); y los poderes Ejecutivos de los Estados de Guanajuato y de Jalisco. Siendo el efecto de la sentencia la declaratoria de invalidez del “Convenio de coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un Programa Especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema presa El Zapotillo y Acueducto El Zapotillo-Altos de Jalisco-León Guanajuato”, suscrito el día 16 de octubre de 2007, sujetándose al “Acuerdo de coordinación para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del Río Verde”, firmado el 1º septiembre de 2005 por las mismas entidades, esto es, en función del proyecto original que contemplaba una altura de cortina de 80 metros.
- Continuar con los trabajos de la Comisión Especial sobre la Presa El Zapotillo que sirva de enlace para la obtención y gestión de información entre los pobladores afectados, las autoridades y entes responsables de la construcción de la obra.
- Exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que verifique el cumplimiento de la sentencia.
- Llevar a cabo acciones de seguimiento y supervisión en colaboración con los pobladores afectados para la supervisión de irregularidades o defectos en el cumplimiento de la sentencia.
- Exhortar al Gobierno Federal y Estatal para que en el ejercicio de sus funciones acaten la sentencia y transparenten el procedimiento de ejecución.
- Solicitar información a las autoridades responsables a nivel Federal y Local de llevar a cabo el control y revisión de las obras de construcción de la presa y hacerla del conocimiento de los pobladores afectados.
- Requerir a las autoridades Federales y Locales se informe y presenten las constancias de actos u omisiones de las autoridades y empresas responsables de llevar a cabo la construcción de la presa, en contravención a los términos establecidos en la Sentencia, términos del contrato y demás disposiciones legales que rijan la construcción y operación del proyecto.
- Defender la soberanía hídrica del Estado de Jalisco, los derechos humanos de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y los Altos de Jalisco”.
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