El titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), Iker Frangie Martínez Gallardo, compareció ante la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia, que preside la diputada Yussara Elizabeth Canales González, para informar sobre las acciones de inspección y vigilancia realizadas ante los derrames, escurrimientos y posibles filtraciones de lixiviados vinculados con los rellenos sanitarios de Picachos y Hasar’s, así como las afectaciones denunciadas en el río Milpillas y la cascada de Huaxtla, en Zapopan.
Durante la comparecencia, diputadas y diputados cuestionaron al titular de la PROEPA sobre las acciones de vigilancia e inspección en el relleno sanitario de Picachos, las medidas implementadas para frenar la contaminación y la atención a las comunidades afectadas. También exigieron aclarar los posibles conflictos de interés relacionados con el caso y conocer las acciones previstas para reparar los daños ambientales y evitar que se repitan.
En este sentido, las y los legisladores Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, Leonardo Almaguer Castañeda, Valeria Ávila Gutiérrez, José Guadalupe Buenrostro Martínez, Alejandra Giadans Valenzuela, Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias y Gabriela Cárdenas Rodríguez plantearon diversos cuestionamientos sobre las posibles irregularidades en torno al vertedero y las afectaciones ambientales denunciadas en Huaxtla y el río Milpillas.
Entre sus planteamientos, solicitaron aclarar si existen vínculos familiares, profesionales o de negocios que pudieran comprometer la imparcialidad de las autoridades, quién elaboró y validó los informes sobre el caso y qué mecanismos se establecieron para garantizar la transparencia en las investigaciones. También pidieron revisar las acciones de inspección y vigilancia, conocer las evidencias técnicas sobre el supuesto cese de los escurrimientos de lixiviados, las sanciones impuestas y las medidas para reparar los daños y prevenir riesgos a la salud.
Las y los legisladores recordaron que las denuncias por contaminación en la zona tienen antecedentes desde 2009, además de investigaciones académicas difundidas en 2014 y nuevos señalamientos en 2026. En ese sentido, cuestionaron si la Procuraduría conocía estos antecedentes y qué acciones emprendió para atenderlos; asimismo, solicitaron información sobre la rehabilitación de los cárcamos de lixiviados, el monitoreo de los cuerpos de agua y la instalación de mesas técnicas con universidades, especialistas y colectivos ciudadanos.
También solicitaron información sobre la contaminación de las cascadas de Huaxtla y el presunto traslado de basura de Guadalajara a Picachos, por lo que pidieron un informe sobre la situación del relleno, las acciones de restauración y compensación ambiental, las sanciones a los responsables y los elementos que justificarían una posible clausura. Además, preguntaron si las autoridades federales tienen conocimiento de los derrames y qué acciones contemplan para proteger los cuerpos de agua afectados.
Por otra parte, solicitaron establecer plazos para limpiar las cascadas de Huaxtla, informar sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas por la PROEPA y realizar análisis de calidad del agua del río Milpillas. Propusieron instalar una mesa técnica con autoridades, especialistas y comunidades afectadas, publicar los resultados de los muestreos e impulsar la Ley de Economía Circular para atender de fondo la problemática. También, pidieron se aclare el destino de los recursos presupuestados por el Ayuntamiento de Zapopan en 2026 para obras relacionadas con compuertas que no fueron ejecutadas, entre otros puntos.
En respuesta, el titular de la PROEPA defendió las acciones de inspección y vigilancia realizadas en Picachos y reconoció que durante las revisiones se detectaron irregularidades. Indicó que se impusieron medidas de urgente aplicación y se inició un procedimiento administrativo sancionador, con el propósito de mitigar los daños ambientales y garantizar que el sitio opere conforme a la Norma Oficial Mexicana 083, mientras continúa el proceso para determinar las posibles sanciones.
Explicó que una clausura total del relleno sanitario podría propiciar la aparición de tiraderos clandestinos, debido a que actualmente no existe otro sitio en la Zona Metropolitana de Guadalajara con capacidad técnica para recibir el volumen de residuos que genera la región. Precisó que, tras el cierre de los vertederos de Matatlán y Los Laureles, Picachos pasó de recibir mil 500 a aproximadamente tres mil 750 toneladas diarias. Respecto a las condiciones del sitio, informó que el Ayuntamiento de Zapopan reportó la reparación de los cárcamos de lixiviados, cuya capacidad pasó del 80 al 50 por ciento.
Finalmente, planteó avanzar hacia un modelo de economía circular que permita transformar los residuos en activos y reducir su generación en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Señaló que esta tarea requiere la coordinación de los tres niveles de gobierno y de los poderes públicos, y manifestó su disposición para participar en las mesas técnicas propuestas.
En la reunión participaron las y los diputados Adriana Medina Ortiz, Alejandro Barragán Sánchez, Itzul Barrera Rodríguez, Luis Octavio Vidrio Martínez, María Elisa Bravo Navarro, Mónica Magaña Mendoza, Monserrat Pérez Cisneros, María Candelaria Ochoa Ávalos y Omar Enrique Cervantes Rivera. También acudieron habitantes de Huaxtla y comunidades aledañas afectadas por los escurrimientos de lixiviados.
