Incumplimiento en venta e instalación de elevadores y faltas a custodia de documentos, las causas.
La Comisión de Administración del Congreso del Estado aprobó instruir a la Dirección Jurídica del Poder Legislativo, que interponga una demanda penal por el incumplimiento en la venta e instalación de dos elevadores en el edificio Juárez; además, por delitos relativos a guarda y custodia de documentos, donde es señalado el ex secretario general, Carlos Corona Martín del Campo.
En sesión extraordinaria de dicho órgano legislativo presidido por la diputada Celia Fausto Lizaola, se sometió a votación la propuesta con la que se pretende castigar omisiones, faltas e incumplimientos de parte del particular que habría de prestar el servicio. Sin embargo, también se considera que Corona Martín del Campo incurrió en delitos al firmar un contrato desventajoso para el Legislativo y no resguardar los documentos que soportaban esa transacción.
Raquel Álvarez Hernández, directora de Asuntos Jurídicos del Congreso, explicó que el contrato no establecía sanciones para el particular, en caso de falta por parte de la empresa que encabeza Edgar Eduardo Jiménez Alatorre, en cambio sí obligaba al Congreso a cubrir intereses en caso de retraso o ausencia de pagos. Agregó que sólo uno de los elevadores fue entregado, mismo que no fue instalado para su funcionamiento.
Acordaron que no se cuentan con los elementos para proceder mediante una demanda mercantil y una acción civil en contra de la empresa, por lo que se concluyó que la vía a seguir es a través de una demanda penal. Según el convenio celebrado en la LIX Legislatura el Congreso habría de erogar 2.4 millones de pesos.
Los diputados que integran la Comisión de Administración discutieron la posibilidad de contratar un servicio de peritaje para determinar el estado que guarda el ascensor que fue entregado, sin embargo, dicho punto del orden del día no se votó en la sesión de este miércoles.
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