Con la comparecencia del secretario general de Gobierno, Carlos Arias Madrid, el Congreso del Estado inició el análisis del Segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro, ejercicio en el que diputadas y diputados de las distintas fuerzas políticas cuestionaron los resultados de la administración estatal en materia de seguridad, desaparición de personas, conflictos sociales, crisis del agua y la actuación de las autoridades durante las manifestaciones del 11 y 18 de octubre. La sesión fue encabezada por el presidente de la Mesa Directiva, Edgar Enrique Velázquez González.
Uno de los temas de discusión fue el operativo realizado en octubre, particularmente el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua a presión contra manifestantes que exigían agua limpia y de calidad. Las y los legisladores solicitaron esclarecer quién ordenó las intervenciones, cuál fue la cadena de mando, qué funcionarios participaron y qué investigaciones o sanciones se han iniciado por posibles abusos de autoridad. También cuestionaron la actuación de las autoridades durante los hechos del 18 de octubre, cuando se registraron actos de vandalismo, saqueos e incendios en comercios y edificios públicos del Centro de Guadalajara.
Al presentar el informe, Arias Madrid destacó que Jalisco mantiene un proceso de crecimiento y fortalecimiento institucional, con avances en atención ciudadana, transparencia, protección de los derechos humanos y coordinación con los 125 municipios. Afirmó que su gestión dará continuidad a las acciones que han generado resultados y atenderá los asuntos pendientes mediante la construcción de acuerdos con los distintos sectores. Asimismo, reiteró su disposición de mantener una relación de diálogo abierto con el Poder Legislativo, escuchar las diferentes posturas políticas y alcanzar consensos que contribuyan al bienestar de las y los jaliscienses.
En materia de desaparición de personas, reconoció que se trata de una deuda pendiente y subrayó que detrás de cada registro hay una persona y una familia que espera respuestas. Informó que la Comisión Estatal de Búsqueda realiza operativos y brinda acompañamiento a familiares, además de señalar que su presupuesto aumentó 28 por ciento este año. Añadió que se ofrece atención jurídica, psicológica, médica y de trabajo social a víctimas de feminicidio, desaparición y otros delitos, así como apoyos y compensaciones económicas.
Anunció que se impulsará la actualización de los lineamientos de atención e inspecciones sociales para fortalecer la mediación y establecer responsabilidades claras en las intervenciones institucionales. Sobre los acontecimientos del 11 de octubre, señaló que las autoridades deben colaborar para esclarecer los hechos y reiteró que la manifestación es un derecho que las instituciones están obligadas a proteger. También destacó los servicios de atención ciudadana en las 12 regiones del Estado, así como la aplicación Jalisco Alerta para emitir notificaciones oficiales sobre riesgos y emergencias.
Durante la ronda de preguntas, el diputado Sergio Miguel Martín Castellanos, del PT, pidió mantener una relación institucional con todas las fuerzas políticas, sin distinciones partidistas, y establecer canales efectivos de comunicación con el Congreso. También cuestionó la situación del SIAPA por presuntas irregularidades y actos de corrupción, además de solicitar atención a la inseguridad en la Zona Norte del Estado y mayor presupuesto para el campo y la ganadería.
Por FUTURO, la diputada Mariana Casillas Guerrero cuestionó el discurso oficial sobre la tranquilidad y paz en Jalisco, al señalar que persisten problemas de desaparición, inseguridad, contaminación del agua y desigualdad. Exigió información sobre las investigaciones del 11 de octubre, las órdenes para intervenir contra los manifestantes y los funcionarios que participaron en las decisiones operativas. También pidió atender la gentrificación y regular las inmobiliarias y plataformas de arrendamiento.
El diputado José Guadalupe Buenrostro Martínez, del PVEM, preguntó qué resultados concretos dejó el Foro de Modernización Municipal, en el que participaron representantes de más de 60 ayuntamientos, y cómo se garantizará la participación de los 125 municipios en futuros ejercicios. Por su parte, el legislador Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, de HAGAMOS, exigió conocer los resultados de las investigaciones del operativo del 11 de octubre, quién ordenó utilizar agua a presión y gases lacrimógenos, y cuántos procedimientos penales y administrativos se iniciaron contra los servidores públicos involucrados.
En representación del PAN, el diputado César Octavio Madrigal Díaz exigió hacer públicos los resultados de las investigaciones de la represión de la marcha realizada el 11 de octubre e identificar a los responsables. También cuestionó la falta de intervención ante los actos de vandalismo, saqueos e incendios de la marcha del 18 de octubre, y pidió conocer las acciones para evitar que estos hechos se repitan, garantizar la atención a las víctimas y reparar los daños. Además, planteó los problemas de distribución de agua, los incumplimientos del SIAPA y los plazos para concluir las obras complementarias de la presa El Zapotillo.
La diputada Alondra Getsemany Fausto de León, del PRI, cuestionó la falta de coordinación institucional y atención a los conflictos sociales en distintas regiones. Solicitó conocer los mecanismos para evitar que las inconformidades escalen, fortalecer la colaboración entre dependencias, municipios y organizaciones civiles, así como los protocolos para atender amenazas contra presidentes municipales y servidores públicos locales por parte de grupos delictivos.
Los legisladores de MORENA, Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias e Itzul Barrera Rodríguez, cuestionaron si al secretario le constaba que no existió una orden para reprimir a los manifestantes o si esa versión le fue comunicada por otros funcionarios. Ambos exigieron que no se repitan los actos de violencia contra la ciudadanía y que las agresiones registradas en octubre no queden impunes. Por Movimiento Ciudadano, la diputada Verónica Jiménez Vázquez preguntó sobre las estrategias para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a sus familias, así como las medidas para prevenir el reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por parte de grupos delictivos.
Finalmente, la diputada de FUTURO, Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, señaló la falta de avances en la búsqueda de personas desaparecidas y cuestionó la capacidad del Gobierno estatal para atender esta crisis. También pidió avanzar en las 50 acciones propuestas por el Congreso, construidas con familias y colectivos de búsqueda para garantizar atención integral a las víctimas, así como aprobar las leyes en materia de transparencia y protección de datos personales.
