Con el objetivo de fortalecer la protección del patrimonio de las familias y reducir riesgos de fraude en operaciones inmobiliarias, la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez presentó una iniciativa para hacer obligatoria la acreditación de las y los asesores inmobiliarios, así como de las agencias que desarrollan profesionalmente esta actividad en Jalisco.
La propuesta plantea reformar la legislación estatal para que quienes se dediquen profesionalmente a los servicios inmobiliarios cuenten con acreditación obligatoria, mientras que el registro estatal pueda ser consultado por cualquier persona que busque comprar, vender o rentar un inmueble, con el propósito de verificar que el asesor o asesora se encuentre debidamente acreditado y cuente con autorización para ejercer.
La legisladora explicó que actualmente la acreditación es voluntaria y existen alrededor de 258 personas acreditadas, frente a un sector que supera los 4 mil 500 asesores, por lo que consideró necesario avanzar hacia un esquema obligatorio que permita ampliar la protección para quienes ponen en manos de terceros la compra, venta o renta de un inmueble.
La iniciativa también contempla que la capacitación sea obligatoria y permanente, con acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, además de establecer mecanismos de quejas, inspecciones y sanciones que pueden incluir amonestación, multa, suspensión y revocación. Para quienes actualmente trabajan en el sector se plantea un periodo de un año para realizar el proceso correspondiente, sin sanciones durante ese plazo.
En este sentido, durante la rueda de prensa se informó que las sanciones económicas contempladas van de aproximadamente 5 mil a 17 mil 500 pesos, dependiendo del tipo de incumplimiento, y podrían llegar hasta la revocación de la licencia para ejercer la actividad.
Se explicó que estas medidas ya estaban previstas en la legislación, pero no podían implementarse al no ser obligatoria la acreditación; además, se señaló que existen más de 10 mil carpetas de investigación relacionadas con fraude, suplantación de identidad y falsificaciones, entre otros delitos, lo que fue planteado como uno de los elementos para avanzar hacia la obligatoriedad de la certificación y el registro estatal inmobiliario.
La diputada señaló que la propuesta busca establecer un piso común para quienes profesionalmente acompañan a las personas en operaciones inmobiliarias, sin sustituir la función de las notarías ni la revisión jurídica correspondiente. También precisó que quien sea propietario de una casa, departamento o bodega podrá continuar realizando personalmente la operación y que no se plantea la afiliación obligatoria a alguna asociación.
Durante la rueda de prensa, Patricia Ortega, directora general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Jalisco, respaldó la reforma al señalar que la certeza patrimonial depende también de la forma en que se desarrolla una operación inmobiliaria antes de su inscripción. Destacó la importancia de que quienes acompañan estos procesos tengan preparación, responsabilidad y capacidad para responder por su actuación.
Representantes del sector inmobiliario coincidieron en la importancia de avanzar hacia la obligatoriedad de la acreditación y la capacitación, al considerar que estas medidas pueden contribuir a profesionalizar la actividad y brindar mayores elementos de certeza a las personas que buscan proteger su patrimonio.
