La Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales que preside la diputada Norma López Ramírez, aprobó diversos dictámenes que plantean modificaciones en materia de derechos digitales, protección de niñas, niños y adolescentes, bienestar animal y combate al reclutamiento para la comisión de delitos.
Entre los dictámenes avalados se encuentra la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de Jalisco, para reconocer el acceso a internet como un derecho humano. Con ello, se establece que el Estado deberá garantizar su ejercicio progresivo y sin discriminación, con especial atención a zonas rurales y grupos vulnerables. Asimismo, se plantea que este derecho deberá brindarse bajo criterios de calidad, cobertura y asequibilidad.
Por otra parte, la Comisión avaló reformas al artículo 157 del Código Penal y al artículo 44 de la Ley de Salud, con el objetivo de proteger a las personas menores de 18 años de procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos que no tengan una finalidad funcional o reconstructiva. Además, contempla duplicar las sanciones y la suspensión para los médicos que practiquen intervenciones quirúrgicas no funcionales a niñas, niños y adolescentes, incluso cuando exista el consentimiento de sus padres o tutores legales
Además, aprobó reformar el artículo 15 de la Constitución Política del Estado para establecer la prohibición del maltrato animal en la Entidad. La modificación plantea que el Estado deberá garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, conforme a las disposiciones legales aplicables, fortaleciendo la protección y bienestar de los animales en Jalisco.
En otro de los dictámenes, se aprobó adicionar el artículo 196 Bis y el Capítulo IX, denominado “Reclutamiento”, al Código Penal, con el propósito de tipificar como delito la captación de personas para la comisión de un delito. La propuesta establece que cometerá el delito de reclutamiento quien, por cualquier medio, coaccione, engañe, instigue, induzca o capte a una persona para cometer ilícitos.
Para quienes incurran en esta conducta se plantea una pena de cinco a 15 años de prisión y una multa de cinco mil a ocho mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Cuando el reclutamiento sea cometido contra niñas, niños y adolescentes, las penas se incrementarán en una tercera parte.
También se acordó armonizar el Código Civil y la Ley del Registro Civil para reconocer todas las formas de familia, garantizar la filiación y el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes, así como prevenir la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Las modificaciones establecen que la diversidad sexual o de género de las personas cónyuges no podrá ser motivo para negar una adopción. Además, las personas adoptantes deberán estar casadas o vivir en concubinato por al menos dos años y tener una diferencia mínima de 15 años con la persona adoptada.
Durante la reunión participaron los legisladores José Luis Tostado Bastidas, Miguel de la Rosa Figueroa y Edgar Enrique Velázquez González, así como la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui.
