También se modificó el Código Civil para ofrecer seguridad jurídica a personas con discapacidad grave.
Jalisco dio hoy uno de los pasos más trascendentes, en el ámbito legislativo, al aprobarse en la sesión ordinaria del Congreso reformas a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles, y otros ordenamientos, en los que se establecen cuatro figuras a favor de los niños, sobre la patria potestad, guarda y custodia, visitas y convivencia, así como el cuidado y vigilancia, con lo que terminarán los problemas de los hijos en las relaciones de pareja.
Previo a la votación de las iniciativas sobre el tema, la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez manifestó también en tribuna que con estas reformas que propuso se adopta como regla general la guarda y custodia compartida, sin importar si los padres viven o no juntos. La excepción será “la custodia exclusiva para alguno de los padres y sólo un juez podrá autorizarla cuando sea para salvaguardar el interés superior de la niñez”.
La legisladora hizo notar que otro de los puntos que sobresalen, es que el régimen de visitas y convivencia restablece los vínculos de comunicación y contacto entre padres e hijos, y sólo un juez podrá restringir o suspenderlas, en casos graves como violencia familiar; conductas nocivas a la salud física o psíquica de la persona menor de edad; o que algún padre promueva en sus hijos olvido, rechazo, rencor, odio, desprecio o temor hacia el otro padre, “lo que comúnmente se denomina alienación parental, conducta que también se considera grave”.
Seguridad jurídica
Por otra parte, las diputadas Rodríguez Ramírez y Fabiola Loya Hernández, destacaron la importancia que representa la fusión de las iniciativas en materia de interdicción debido a una discapacidad severa, para que las familias jaliscienses gocen de auténtica seguridad jurídica, a través de las modificaciones a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles, con las herramientas suficientes para que no estén limitados en ejercer su voluntad sobre sus derechos; trabajos en los que también participaron los diputados Héctor Pizano Ramos e Idolina Cosío Gaona.
Se trata de reformas sin precedente a nivel nacional, ya que se amplía la interdicción a la declaración de limitación a la capacidad de ejercicio; asignación de tutor de asistencia y la patria potestad prorrogada, lo que subrayó la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, al mencionar cuatro casos de personas que a partir de los cambios legislativos que planteó, se beneficiarán al reducirse el tiempo y costo de los trámites para juicio respectivo.
La diputada Loya Hernández explicó que “las reformas planteadas al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles, buscan que el estado de interdicción sea determinado por la discapacidad involucrada en cada caso, es decir, que la limitación dada a la persona por el estado de interdicción, sea proporcional a su grado de discernimiento”.
Por ese motivo “se propone que sea el juez quien establezca qué tipo de actos puede realizar por sí sola la persona con discapacidad, y esto es muy importante señalar, porque tiene la finalidad de fijar las bases de la actuación posible de la persona, es decir, así como su integración a la sociedad”, involucrándose estudios o informes médicos, además de escucharlas.
Financiamiento a transporte público
Con estrechamiento de términos, se aprobaron con siete votos en contra los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, para autorizar al Ejecutivo del Estado a instrumentar un programa financiero para la renovación y modernización integral del transporte público, en todas sus modalidades, por un estimado en mil tres millones de pesos.
A iniciativas del propio Ejecutivo, se trata de apoyar a los organismos descentralizados Tren Eléctrico Urbano, Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como Servicios y Transportes. Igualmente, a los concesionarios, permisionarios y subrogatarios que se adhieran al mismo, incluidos los taxistas.
En el caso de los permisionarios o concesionarios, responderán por la falta de pago de los compromisos que adquieran, con la cancelación del permiso respectivo para su operación, así como los camiones de los que sean propietarios, en garantía, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que contraigan.
Sobre este asunto, el diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, reiteró que se trata de un endeudamiento disfrazado con diferentes mecanismos, por más de mil millones de pesos, que al final de cuentas pagarán los jaliscienses y volverán a elevar la tarifa, por lo que se manifestó en contra de que el Congreso del Estado diera su aprobación a las iniciativas del Ejecutivo. Se incumple la promesa de austeridad, y peor todavía sin la información financiera que se ha requerido, no obstante que los funcionarios se comprometieron a entregarla en una reunión específica, para conocer la situación de Sistecozome y Servicios y Transportes.
Por su parte, la diputada Celia Fausto Lizaola presentó a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, una modificación a los dictámenes, para autorizar a los organismos públicos descentralizados celebrar las operaciones financieras, con el procedimiento de licitación pública y las modalidades que utilizarán; todo lo cual deberá publicarse en las páginas de Internet de las secretarías de Planeación, Administración y Finanzas, así como de Movilidad, para que haya plena transparencia, lo cual no fue aceptado por el la Comisión de Hacienda y Presupuestos, a través de su presidente, diputado Miguel Castro Reynoso.
Desarrollo urbano
Otro de los asuntos votados a favor este día, es la reforma al artículo 186 del Código Urbano del Estado, con el objeto de precisar que las obras de edificación mínimas con que deberán contar las áreas de cesión para destinos, serán las siguientes: las realizadas con cargo a quien desarrolle la acción urbanística, que deberán estar habilitadas para su inmediata utilización.
De acuerdo con la iniciativa de los diputados José Trinidad Padilla López y Jaime Prieto Pérez, quedan establecidas también las de infraestructura dedicadas a la construcción de obra educativa, realizadas de manera concurrente, con cargo al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, a los gobiernos municipal, estatal o federal, así como a quien realice la acción urbanística, de conformidad con los convenios respectivos.
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