Una nueva Ley para garantizar los derechos de las personas adultas mayores en el Estado de Jalisco, fue aprobada este día en sesión de trabajo por la Comisión legislativa de Asistencia Social, Familia y Niñez, que preside el diputado Abel Hernández Márquez.
La iniciativa propuesta por las diputadas Priscilla Franco Barba y Lourdes Celenia Contreras González el pasado mes de diciembre, busca generar legislación que proteja los derechos y garantías de los adultos mayores, apegada a los acuerdos internacionales, y que facilite la formulación de políticas públicas y programas institucionales de atención especializada, por lo que propone abrogar el decreto que contiene la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto mayor del Estado de Jalisco, dando espacio a la entrada en vigor del nuevo ordenamiento.
La nueva legislación establece definiciones legales a términos como abandono, asistencia social, atención preferente, asistente personal, barreras arquitectónicas, maltrato, negligencia, violencia física, violencia patrimonial y violencia sexual, entre otras, a fin de garantizar a los mayores el goce de todos sus derechos y libertades, sin que sufran discriminación alguna por razón de edad, lugar de nacimiento, raza, sexo, orientación, religión, opinión, discapacidad o enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social; y propiciando además la autonomía, la integración social, la inclusión, y la participación social efectiva.
En concreto, se especifican los derechos que los adultos mayores tienen en materia de integridad, dignidad y preferencia; en materia de salud, en materia laboral, de seguridad y asistencia social, de participación social, acceso a la justicia, de autodeterminación y autonomía, de educación y de cuidados paliativos; y se establecen responsabilidades específicas para los familiares, como el otorgamiento de alimentación, el respeto a la privacidad del adulto mayor, y la obligación de evitar y denunciar actos de abandono, maltrato, abuso, explotación, aislamiento y violencia, entre otros.
Además, se especifica que el Gobierno del Estado deberá promover políticas públicas y programas de apoyo económico o en especie para la población de personas adultas mayores que no sean autosuficientes, determinando como actos de responsabilidad administrativa, las acciones u omisiones de servidores públicos que obstaculicen cualquier acción administrativa o de procuración de justicia, en perjuicio de dicho sector de población.
Finalmente se establece que el titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, deberá determinar los recursos suficientes para la implementación y ejecución de la nueva Ley.
