También se votó a favor declarar Benemérita a la Universidad de Guadalajara.
El Pleno del Congreso aprobó hoy el dictamen de decreto que expide la Ley de Atención a Víctimas, con la que se establecen y coordinan las acciones para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos, así como implementar los mecanismos para que autoridades del Estado, municipales e instituciones autónomas, en el ámbito de sus competencias, cumplan sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral de los daños.
Con estrechamiento de términos, se le dio validez al dictamen de la Comisión de Cultura, firmado por los 39 legisladores, que declara Benemérita a la Universidad de Guadalajara, y que así se inscriba en letras doradas en el muro central del recinto oficial del Congreso del Estado, en sesión solemne que se efectuará el próximo viernes.
Asimismo, se votó por unanimidad la creación de la Ley que Regula los Centros de Atención Infantil en el Estado, con el propósito de fortalecer el marco legal para las guarderías, para que las personas físicas que prestan estos servicios les permita saber las medidas de protección civil y seguridad mínimas, a que deberán sujetarse, cumpliéndose con la calidad y los derechos que tienen los menores que son atendidos.
Ley de Víctimas
Producto de un mayor estudio de parte de los diputados Clemente Castañeda Hoeflich, Jaime Prieto Pérez y Hernán Cortés Berumen, así como de las comisiones de Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, se logró sacar adelante un dictamen final para impulsar la iniciativa de Ley de Atención a Víctimas, incluyéndose las siguientes propuestas que hizo la bancada de Movimiento Ciudadano:
- Se incluyen todos los derechos generales de las víctimas contemplados en el marco federal.
- Se conceptualiza a las víctimas indirectas (familiares) y a las víctimas potenciales (quienes brindan asistencia a la víctima).
- Se eliminan lagunas legales que pudieran supeditar el acceso al Fondo de Ayuda a contar con una sentencia definitiva.
- Se incluyen todas las medidas de rehabilitación.
- Se estipula como una atribución de la Comisión Estatal de Víctimas, la Asesoría Jurídica.
- Se incluye, aunque minoritariamente, a los colectivos de víctimas en la Comisión Estatal.
Sin embargo, no hubo avance en otras propuestas que el legislador Castañeda Hoeflich planteó, para modificar diversos artículos y un título del dictamen aprobado, con el objeto de que se cumpliera con mayor certeza en los objetivos, al Integrar una Comisión Estatal de Víctimas acorde al marco general, con especialistas y colectivos de víctimas, capaz de implementar la ley; certidumbre al funcionamiento del Registro Estatal de Víctimas y del Fondo de Ayuda, e incluir medidas de satisfacción moral para las víctimas.
Había manifestado que en las últimas horas los equipos de las distintas fracciones parlamentarias “estuvimos trabajando para buscar una solución legislativa, y hoy se presenta un nuevo dictamen. Desde nuestra perspectiva, lo mejor para Jalisco sería esperar a conocer la opinión técnica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, analizarla y construir una ley óptima para nuestro estado, pero tampoco seremos un obstáculo para que se apruebe una Ley de Víctimas para nuestro estado”.
Destacó que el nuevo dictamen se apega en lo sustantivo, a la Ley General de Víctimas, “es decir en el reconocimiento y protección de los derechos consagrados de las víctimas. Esta es una mejora radical, porque les reconoce a los jaliscienses los mismos derechos establecidos en la norma general. Tan sólo por esto, que se trata del consenso más importante alcanzado, el voto de Movimiento Ciudadano será a favor en lo general de esta Ley”.
Sin embargo, manifestó que “todavía dejamos mucho a deber, porque no pudimos avanzar en los aspectos centrales de operación e implementación de la Ley, porque reducimos la política de atención a víctimas a la administración de programas gubernamentales, porque no fuimos capaces de sustituir la visión centralista y paternalista que tienen algunos, por una visión progresiva, de reconocimiento de derechos y de empoderamiento del ciudadano”.
Por su parte, el diputado Jaime Prieto Pérez, principal impulsor de la primera iniciativa, con un total de 30 legisladores que también la signaron, hizo notar que Jalisco se daba un paso vanguardista a favor de las víctimas de los delitos, para lo cual se llevaron a cabo foros de consulta pública, en los que participaron instituciones públicas, privadas y la sociedad en general, adoptándose otras propuestas que la enriquecieron, y que aun puede ser perfectible, pero por ahora finalmente establece:
- Evita que las víctimas del delito sean doblemente victimizadas por servidores públicos omisos.
- Proteger y reparar los daños a los jaliscienses que han sido agredidos.
- Respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con a los principios de universalidad.
- Crea la Comisión de Estatal de Víctimas.
- Reconoce ampliamente los derechos de las víctimas.
- Crea un sistema de desarrollo social para los familiares de las víctimas.
- Coordina a las instancias estatales, municipales, organismos descentralizados, públicos autónomos y a la sociedad organizada que defienda los derechos humanos.
- La nueva ley no acrecentará más democracia, sino que eficientará el trabajo de las dependencias del Gobierno del Estado.
Por su parte, el diputado Hernán Cortés Berumen, quien junto con el legislador Castañeda Hoeflich plantearon otra iniciativa, cuestionó reiteradamente si cuando se presentó la del diputado Jaime Prieto y se sumaron 30 legisladores, conocían realmente el contenido.
“¿Cuántos de esos 30, por ejemplo, sabían que dentro de esa iniciativa se estaba prácticamente reglamentando el apartado “C” del artículo 20 constitucional?, cuando dicho apartado ni siquiera estaba vigente. Es más hoy, dicho apartado sigue sin estar vigente en el Estado de Jalisco”.
Continuó preguntando si sabían que de 34 derechos consagrados en la ley federal de la materia, se habían reducido a 16; identificaban que la integración que se proponía para formar parte del Sistema Estatal de Víctimas, estaba excluyendo a Derechos Humanos, cosa que a nivel federal sí formaba parte.
Igualmente se incluía a quienes presiden la comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Justicia, de Derechos Humanos, el gobernador, el secretario general de gobierno, el fiscal general, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia; un representante de los jueces, 11 presidentes municipales; el presidente de la Comisión Estatal de Víctimas, así como la Cruz Roja.
En el comparativo entre la norma federal y la propuesta para el Estado, también planteó: ¿quiénes sabían que de esos posibles 19 integrantes del Sistema Estatal de Víctimas solamente en sentido estricto eran dos ciudadanos?. Y en cuanto a la Comisión Estatal de Víctimas, estaba integrado por 17 personas, cuando a nivel federal solamente eran siete miembros, o sea diez más,
Continuó preguntando sobre el conocimiento que tenían quienes se sumaron a la primera iniciativa, sobre otras cuestiones, como un oficio enviado por la Secretaría de Gobernación al Congreso, donde pedía la armonización de la ley estatal con la federal, sin que se considerara la necesidad de copiar y pegar, sino de interpretar los derechos, las obligaciones, los esquemas y las instituciones consagradas en la nacional, para traducirlas a nivel estatal, y tener un ejercicio puntual de lo que se planteó finalmente.
A lo anteriormente expresado por el diputado Cortés Berumen, siguió el debate con el diputado Prieto Pérez, hasta que finalmente se aprobó el dictamen de decreto previamente reestructurado con el contenido de la otra iniciativa que firmó también el diputado Clemente Castañeda.
Ley de Atención Infantil
Otra legislación importante aprobada el día de hoy, es la que Regula los Centros de Atención Infantil en el Estado de Jalisco, de acuerdo con la iniciativa de la diputada Norma Angélica Cordero Prado, y dictaminada por las comisiones de Higiene y Salud Pública, Educación, y Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.,
Explicó la legisladora, desde la tribuna, que se tiene el propósito de reforzar medidas en materia de seguridad y protección civil, a efecto de minimizar cualquier riesgo de contingencias; y que estos centros cuenten con personal calificado para atender a los infantes, con la mayor eficiencia y calidad.
Atención médica en caso de urgencia, ya sea en la propia institución o en hospitales cercanos; crear el Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a través del cual se dará seguimiento continuo a las acciones que tengan como finalidad promover mecanismos interinstitucionales, que permitan establecer políticas públicas y estrategias en la materia.
Crear el Registro Estatal de los Centros para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, ya que no existe un censo fidedigno de los infantes que diariamente quedan al cuidado de estos centros públicos y privados.
La iniciativa también plasma que las autoridades responsables, deberán realizar una estricta inspección y vigilancia a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley por los prestadores de servicios, y en su caso informar a las autoridades responsables de cualquier riesgo para la integridad física o psicológica de los infantes y solicitar su inmediata intervención.
En cuanto a las sanciones, esta Ley establece multas que van desde la administrativa de 100 a 1000 días de salario mínimo general vigente, así como la suspensión temporal y la revocación de la autorización y hasta la cancelación del registro de los Centros de Atención Infantil que incumplan con las disposiciones de esta Ley.
Nombramiento
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el Pleno avaló la designación de Erika Alejandra Andrade Cortés, como directora del Órgano Técnico de Educación, a quien le tomó la protesta de ley el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, diputado Héctor Pizano Ramos.
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