Los diputados dieron luz verde también a la contratación del financiamiento que lo respalda, así como para resarcir los daños de la tormenta tropical “Manuel”.
En sesión de Pleno, se aprobaron diversas reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría Social y a la Ley Orgánica del Poder Judicial; y también se emitió la declaratoria de incorporación del sistema procesal penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico estatal, con lo cual Jalisco avanzó en el nuevo sistema de los juicios orales, y culminará el rezago que durante algunos años se ha venido afrontando.
Durante su intervención, el diputado Julio Nelson García Sánchez se refirió a ese retraso, y apuntó que ahora los juzgadores conocerán de primera mano los asuntos que deben resolver. Entre los beneficios, se contemplan ahorros en los sistemas de readaptación social y prontitud en la expedición de justicia. Finalmente, lamentó la tardanza en abordar este tema, que causó la pérdida de millones de pesos.
Por su parte, los diputados José Hernán Cortés Berumen, Edgar Enrique Velázquez González y José Gildardo Guerrero Torres, reconocieron el trabajo coordinado de las fracciones parlamentarias para permitir la oralidad en la administración de justicia. Señalaron que con las nuevas disposiciones, el estado estará a la vanguardia en virtud abandonado el último lugar en el que se encontraba en la evaluación realizada a nivel nacional, a principios del año 2013.
Con la incorporación al Código Nacional, se establecerán los plazos de implementación de juicios orales y las zonas geográficas donde se implementará el nuevo sistema. De igual manera, habrá 12 distritos judiciales, que iniciarán funciones el primero de octubre en Zapotlán el Grande, terminando en febrero en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Con las modificaciones dentro de la Ley Orgánica de la Procuraduría Social, se prevé el esquema de funcionamiento, las atribuciones y competencias de la misma, para defender a los imputados en las distintas etapas de los procedimientos penales, preservando la protección de los derechos humanos.
En cuanto a las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se adecúa la normatividad estatal al nuevo sistema contradictorio adversarial; se establecen las figuras de Juez de Control, Juez Oral y Juez de Ejecución de Penas, así como sus atribuciones. Asimismo, se nombrará a 50 ciudadanos para que desempeñen el cargo de jurado por un año.
Financiamientos
Por otra parte, se aprobaron los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuestos que autorizan a Titular del Poder Ejecutivo a contratar dos créditos: uno por 650 millones de pesos y otro por 230 millones 422 mil 255 pesos, para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, así como resarcir los daños causados a 29 municipios por la tormenta tropical “Manuel”, respectivamente, bajo el esquema de “cupón cero”, en los que el estado sólo paga los intereses y el gobierno federal el capital.
En el primero de los financiamientos, el diputado Clemente Castañeda Hoeflich se pronunció a favor de la reforma judicial, toda vez que se establece la oralidad de los juicios, pero aclaró que “es inaceptable que después de cinco años en los que han estado disponibles diversos fondos federales, Jalisco haya permanecido como el estado más rezagado en la implementación del sistema penal”.
Asimismo, “porque es producto de la irresponsabilidad y falta de planeación, y porque con ella los jaliscienses pagan los platos rotos de las malas decisiones”. También, por la falta de claridad y ambigüedad del proyecto, y “porque una vez más se abre la puerta al ejercicio discrecional de los recursos públicos, y a diferencia del crédito para los municipios afectados por la tormenta tropical “Manuel”, en este caso no queda claro el impacto en las finanzas públicas”.
Coincidieron en la tribuna, para pronunciarse contra la contratación de ese crédito, los diputados Juan José Cuevas García, Guillermo Martínez Mora y Víctor Manuel Sánchez Orozco, ya que si bien es necesario el nuevo sistema judicial, falta claridad en el costo de cada una de las salas que se establecerán y no deja de representar un endeudamiento que deberán pagar los jaliscienses, ni se demuestra que exista una política real de austeridad en el gobierno federal.
Sin embargo, se manifestaron a favor los legisladores Hugo Daniel Gaeta Esparza, porque se trata de una justa demanda social, para implementarse los juicios orales; Enrique Velázquez González, ya que se atienden los rezagos en ese rubro, pero subrayó que el gobierno estatal debe comprometerse a que el dinero se aplique justo en lo necesario, con plena transparencia.
Jesús Palos Vaca y Roberto Mendoza Cárdenas, dijeron que hubo retraso, pero que no es tiempo de lamentarse para atender los requerimientos, y que los tres poderes están vinculados en la necesidad de que se desahoguen los juicios, pues se trata de una discusión jurídica que representa una inversión a largo plazo. La votación final fue de 27 a favor y nueve en contra, de quienes integran el “G-9”.
Por lo que se refiere al financiamiento para reconstruir los daños de dicho fenómeno natural, el diputado Castañeda Hoeflich precisó la conveniencia de que se hubieran buscado otras alternativas, así como la necesidad de clarificar el destino de los recursos y la forma en que el Poder Ejecutivo informará de los mismos al Congreso del Estado.
No obstante, en este crédito para apoyar a los municipios afectados, bajo el “cupón cero”, hizo notar que lo respaldaba el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, por dos razones: se trata de un proyecto alineado a la declaratoria de “desastre natural” emitida por el gobierno federal, que reconoce los daños y se apega a reglas de operación específicas, así como porque se aprobó la propuesta de modificación al dictamen, de la manera siguiente:
“Los recursos provenientes de esta autorización se ejercerán de conformidad con la legislación aplicable, en la materia y el titular del Poder Ejecutivo informará al Congreso del Estado de manera previa, en cada disposición, de las acciones a realizar materia de ese decreto”.
El diputado Esquer Gutiérrez destacó analizar este asunto, debido a la falta de recursos de los municipios para emprender obras de infraestructura, por lo cual consideró la necesidad del financiamiento para resarcir los daños de dicha tormenta tropical, bajo el sistema de “cupón cero”. Por su parte, el diputado Gaeta Esparza apuntó que los efectos de dicho fenómeno rebasaron la capacidad económica, por lo que el Estado irá en apoyo de los municipios, sobre todo en relación a rehabilitar las vías de comunicación.
Presupuesto del Legislativo
En la misma sesión extraordinaria, se dio el visto bueno al Presupuesto del Congreso del Estado, para este año, por un monto de 861 millones 708 mil 212 pesos.
Finalmente, se votó a favor el dictamen de decreto que establece como sede transitoria del Poder Legislativo, al municipio de Ameca, y que declara la Plaza de Armas del Centro Histórico, como Recinto Oficial del Congreso del Estado, a efecto de celebrar sesión solemne el 16 de mayo próximo, a las 12.00 horas, para conmemorar el 181 aniversario de esa ciudad.
Aclaración
Al inicio de la sesión extraordinaria, el diputado Enrique Velázquez González aclaró al diputado Guillermo Martínez Mora que sí se había cumplido, vía Internet, el trámite ordenado por el Pleno del Congreso, de parte de la Secretaría General, respecto a que el Auditor Superior informara sobre la inversión en el nuevo edificio de la misma. Al término de la sesión anterior, el legislador Martínez había manifestado que se había omitido.
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