También la inhabilita por diez años para desempeñar cargos públicos.
Erigido en Jurado de Sentencia, el Congreso del Estado destituyó del cargo de elección popular a la regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, Elisa Ayón Hernández, y le aplicó la sanción de diez años de inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, como parte del juicio político aprobado en su oportunidad, por haber incurrido en abuso de autoridad e inconsistencias en sus declaraciones respecto a su situación patrimonial, por lo que proceden las causales previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Precisa la sentencia, que en virtud de que la investigación, respecto a los bienes consignados en las declaraciones patrimoniales formuladas por la denunciada, Ayón Hernández, se detectaron que existen falsedades en los datos proporcionados, se instruyó a la Secretaría General del Congreso para que remita copia del expediente a la Fiscalía General del Estado, a fin de que realice las indagatorias que correspondan y tome las determinaciones que procedan.
Debido a que no comparecieron la regidora ni su abogado, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, diputada Norma Angélica Cordero Prado, declaró la preclusión de sus derechos de defensa y sometió a votación el dictamen acusatorio de la Comisión de Responsabilidades que preside el diputado Juan Carlos Márquez Rosas, aprobándose la sentencia con 24 votos de los legisladores presentes, a excepción de quienes integran dicha Comisión, ya que por ley se les impide hacerlo en ese proceso.
La solicitud de juicio político fue promovida por el ciudadano José de Jesús Gregorio López, quien refirió algunas conductas irregulares cometidas por la denunciada, como abuso de autoridad en contra de comerciantes ambulantes y empleados de la Dirección de Panteones del Ayuntamiento de esta ciudad. De este último caso, existe una grabación con su voz, en la que atenta contra los derechos humanos y laborales de los trabajadores municipales, lo cual se difundió el día siete de noviembre de 2013.
Al día siguiente, la regidora Ayón Hernández aceptó, ante los medios de comunicación, que efectivamente se trataba de su voz y ofreció disculpas por las palabras altisonantes que expresó, pero en ningún momento desacreditó los hechos que se le imputaron, por lo que se sustenta la acusación de abuso de autoridad.
Respecto a su situación patrimonial, se negó a comparecer ante la Comisión de Responsabilidades para dilucidar las imputaciones que se le hicieron, por lo que el Órgano Técnico de Responsabilidades revisó el estado que guardan las declaraciones sobre su patrimonio, encontrándose las siguientes inconsistencias:
Están en el Registro Público de la Propiedad diez bienes inmuebles inscritos a su nombre, adquiridos nueve de ellos entre los años 2011 y 2013, “cuya suerte principal asciende a los ingresos que declara”. Asimismo, en la declaración inicial como regidora manifiesta dos millones de pesos en joyas, y en la declaración anual refiere la venta por 700 mil pesos en joyas, pero en la declaración de conclusión como regidora declara la venta por un millón 900 mil, por lo que señala que le quedan sólo 100 mil pesos en esas prendas, lo que denota una inconsistencia.
De igual forma, en todas sus declaraciones manifiesta tener tres dependientes económicos, entre ellos a su padre, Luis Federico Ayón Zester, el cual le realiza un préstamo aproximado de dos millones 100 mil pesos, lo que resulta contradictorio. Hace omisión, en la declaración de situación patrimonial, de un vehículo con valor de 814 mil 465 pesos, el que se encuentra a su nombre, según el control vehicular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
Pronunciamientos
Con el propósito de razonar el voto a favor del dictamen, subieron a la tribuna algunos legisladores, iniciando el diputado Clemente Castañeda Hoeflich, quien dijo que Elisa Ayón no surgió por generación espontánea, y los actos de corrupción que cometió no son producto de la casualidad ni se trata de eventos aislados.
“Estamos frente a una de las múltiples caras que el PRI ha engendrado en la vida pública de Jalisco y de México. Detrás de este caso se esconden los “patrones”, como ella misma delataba; se esconde una probable red de complicidad en todo el Ayuntamiento de Guadalajara, y se esconden años de un modelo de tráfico de intereses y abuso de poder en ese municipio. Los jaliscienses se preguntan ¿dónde están los patrones, dónde están el resto de funcionarios municipales coludidos y dónde están las investigaciones sobre la administración municipal anterior, que abrió paso a esta clase de irregularidades?”
Agregó que “quienes crean que con la resolución del día de hoy, efectivamente se está castigando a Elisa Ayón, tendrán que esperar a que se cumplan algunas pruebas más. En primer lugar, veremos la impugnación de esta decisión y la judicialización del proceso, porque no ha estado exento de inconsistencias.
“En segundo lugar, y más importante aún, será el papel del Gobierno del Estado, que tendrá que demostrar que no existe ningún acuerdo, salida o intención de dejar en la impunidad este caso. La verdadera prueba será que la Fiscalía General investigue hasta las últimas consecuencias los delitos cometidos en torno a este caso, para que no persista la impunidad”.
El diputado Víctor Sánchez Orozco expresó que este día se vivió un acontecimiento histórico, debido a que se hizo el juicio político en contra de la regidora, ya que la corrupción e impunidad son las acciones que más han dañado la democracia, y el cáncer más profundo que tiene la política. “Es el abuso de poder lo que ha caracterizado al PRI y hoy no tiene otra opción más que aceptar ese estilo particular de gobernar”.
Luego de referirse al enriquecimiento ilícito, la corrupción e impunidad de la clase política y la desconfianza que manifiesta la sociedad, añadió: “debo señalar las deficiencias jurídicas del procedimiento incoado a la ciudadana Elisa Ayón, que dudo mucho se sostenga si es impugnado ante los tribunales. Por otra parte, es un procedimiento que se integró de manera superficial, porque sólo se fincó respecto a las inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.
“Pero con respecto a la corrupción que se conoció de las cuotas cobradas por la denunciada, en Panteones o a los comerciantes; de eso no hay ningún cargo en esta sanción y seguramente no veremos ninguna otra investigación con respecto a eso, y que es el verdadero meollo que nos tiene aquí”. En cuanto a la Comisión de Responsabilidades, dijo que es la que más ha faltado “en el actuar contra la corrupción. Lamentablemente la Comisión está maniatada por intereses políticos”, culpando de complicidad por compromisos entre partidos, al presidente de la misma.
El diputado Gildardo Guerrero Torres también abordó la tribuna para señalar que “hoy triunfa la ciudadanía, el quehacer cívico, aquél que se anima y tiene el valor civil y los instrumentos tecnológicos para grabar a un mal servidor público. “De esos que todavía hay muchos, no lo vamos a negar; de esos engendros que se mencionaban, que todavía siguen, inclusive algunos en organismos cívicos, promocionándose como santos, como masías, como los salvadores de la patria”.
Destacó la manera como se denunciaron los hechos respecto a la conducta de la regidora, “no aquel que esgrime un dedo flamígero para que solamente con saliva acusar al otro, porque eso también es un delito; eso también, acusar sin probar, es hacerlo muy fácil. Aquí hubo pruebas”, y queda de ejemplo para quienes son víctimas de extorsión por malos funcionarios públicos, que los hay en todos los partidos políticos.
El diputado Enrique Velázquez González, expresó que lo ocurrido este día es un mensaje para los servidores públicos, que debe llegar a todos los rincones del Estado, para dejar claro que el Congreso no va a solapar ningún acto de corrupción; “que tenemos que hacer lo que la ley nos permite” e integrar adecuadamente las investigaciones para alejar a quienes ejercen corruptelas.
Reconoció el valor civil para denunciar y la labor que hizo el PRI, ya que se aportaron pruebas y votaron a favor en la Comisión para aplicar las sanciones, como lo hicieron todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Apuntó que también es un mensaje para la Fiscalía General del Estado, para que haga lo que le corresponde en la averiguación y se aplique la justicia penal, y propuso buscar mecanismos para prevenir la corrupción.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Responsabilidades, diputado Juan Carlos Márquez Rosas, subrayó que hoy se tomó una decisión trascendente para la sociedad, ya que la Legislatura da una muestra de “eficiencia, profesionalismo y de compromiso con los ciudadanos”, pues les correspondió a los integrantes de este órgano legislativo, la responsabilidad de no solamente “comprometernos de llegar a la verdad, sino de integrar un procedimiento con todos y cada uno de los elementos que nos permitieran ofrecer a la ciudadanía una resolución confiable, apegada a derecho, pero sobre todo apegada a la verdad”.
Agradeció el respaldo de los legisladores y particularmente de los miembros de la Comisión, para entregar un “producto totalmente apegado a la verdad” y ofreció continuar en esa labor, “para ir limpiando toda esa idea que se tiene de la función pública”, y la disposición de un procedimiento transparente, “aun con la opinión de aquellos incrédulos, ignorantes y cobardes que digan lo contrario”.
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BG917.0603.SES.EXT.P
