Debido a que la sociedad jalisciense considera la corrupción como uno de los problemas más importantes y dañinos, además de que la mayoría de los ciudadanos consideran muy difícil acabar con este vicio, el Grupo Parlamentario del PAN hace un llamado al resto de los diputados y otros actores políticos a concluir la creación del sistema estatal anticorrupción.
Así lo dejaron de manifiesto en rueda de prensa los legisladores que integran esta bancada: Miguel Monraz Ibarra, Pilar Pérez Chavira, Irma De Anda Licea y Felipe Romo Cuéllar, quienes dejaron patente que Acción Nacional ha sido un histórico impulsor de temas relativos al combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas.
Expusieron que según datos del Consejo Económico y Social 80% de los jaliscienses consideran poco o nada probable que la corrupción disminuya algún día y que seis de cada 10 perciben un incremento de este cáncer social. Además, señalaron que Transparencia Mexicana informó que cuesta alrededor de tres mil 300 millones de pesos la impunidad.
“Los diputados del PAN consideramos urgente, necesaria e impostergable la aprobación de la Fiscalía Especial Anticorrupción, misma que no dependa del gobernador o de cualquier otro poder político, porque sólo garantizando un fiscal anticorrupción independiente, podremos dar pasos firmes para perseguir y verdaderamente castigar a los corruptos.
“Exigiremos un fiscal independiente, que sea nombrado considerado a la sociedad organizada y que también pueda ser removido a petición social, por no cumplir con eficiencia y prontitud en la persecución de los delitos”, expuso la diputada Pérez Chavira.
La Fracción Parlamentaria del PAN plantea vigilar el crecimiento del patrimonio de los servidores públicos hasta 10 años posteriores al término de su encargo, que en la investigación de los delitos
de corrupción no se respete el secreto financiero y bancario y la no prescripción de este tipo de violaciones.
Proponen que los delitos no sólo sean sancionados con cárcel, sino con el producto material obtenidos de los actos ilegales al incautar bienes. Un castigo de hasta 27 años de prisión a funcionarios corruptos así como inhabilitación de por vida para ejercer un cargo público.
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