El diputado Gildardo Guerrero Torres busca fortalecer las políticas públicas ambientales, a través de una reforma de ley que sancione a los funcionarios públicos que no cumplan con la separación de residuos, y a aquellos que por su omisión permitan la comisión de ilícitos en contra del medio ambiente.
El legislador informó hoy en rueda de prensa que la iniciativa que pretende modificar el Código Penal del Estado al habilitar un nuevo capítulo denominado “Delitos Ambientales y Ecológicos Cometidos por Servidores Públicos”, ya fue turnada a las comisiones de Medio Ambiente y de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, donde espera reciba el apoyo necesario.
Señaló que la Ley de Equilibrio Ecológico ya establece a los ayuntamientos la obligatoriedad en lo que a separación de desechos se refieren; sin embargo, lamentó que a la fecha no se cuente con ningún sistema eficaz de recolección de residuos en los municipios jaliscienses.
“El objeto de la reforma es incluir un par de temas graves a la ley: sancionar a los servidores públicos que sean omisos de los daños ambientales, y castigar a las autoridades de municipios con población mayor a los 250 mil habitantes, que no implementen las medidas necesarias para concretar la separación de residuos”, expuso el legislador.
Respecto a la otra propuesta, plantea que se castigue al funcionario público “que tenga conocimiento de la probable existencia de uno de los delitos establecidos en el presente título, y se abstenga de realizar las diligencias, actuaciones o atribuciones que le competan conforme a las disposiciones legales aplicables; u obstaculice, consienta o autorice licencias y el funcionamiento de giros, a sabiendas de los riesgos y daños que en materia ecológica pueden ocasionar, se le impondrán de tres a ocho años de prisión”.
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