El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco dio a conocer en rueda de prensa la iniciativa de dos reformas, una al artículo 448 del Código de Procedimientos Penales; y la segunda, que propone derogar el numeral 12 del artículo 38 de la Ley de Ingresos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco.
Con estas modificaciones se establece que los jueces que dicten resoluciones que decreten la suspensión o pérdida de derechos políticos, así como su restitución, deberán ser notificadas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) dentro de los tres días siguientes a la fecha de expedición de la respectiva resolución. Esto, para efecto de cancelar el archivo criminalístico y la ficha sobre el registro de antecedentes penales.
Se pretende eliminar las cartas de antecedentes penales de las personas que cometieron algún delito y que ya pagaron su condena, con el objeto de que no sean utilizadas en perjuicio de las personas, dañando su imagen y reputación; y además, para que no sean utilizadas como elemento de discriminación, y que ello constituya un elemento de violación del derecho constitucional a reintegrarse a la vida productiva en sociedad.
El legislador destacó que es evidente que la vulneración de garantías a las personas inculpadas existe por la falta de reglamentación penitenciaria en materia de antecedentes criminalísticos; violentando no sólo el principio de legalidad ejecutiva, sino también sus derechos humanos, como son: la seguridad jurídica y privacidad.
